El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte radicaron en el Senado una iniciativa que, en el papel, busca modernizar el régimen sancionatorio del sector transporte. Sin embargo, el articulado, según expertos y actores del sector, endurece de forma drástica el tratamiento contra las plataformas de movilidad y sus usuarios.
En ese sentido, José Daniel López, presidente de Alianza In Colombia (gremio que abarca las plataformas digitales), advirtió que el Proyecto de Ley 347 de 2026, recién presentado por el Gobierno y radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, representa uno de los retrocesos más graves que haya enfrentado el país en materia de innovación y movilidad, y una amenaza directa para el ecosistema digital y para las cientos de miles de familias que generan ingresos a través de plataformas de movilidad.
“De ser aprobado, el proyecto podría significar el fin de dichas plataformas y del trabajo con vehículos particulares en Colombia acabando en la práctica con el derecho de millones de usuarios a movilizarse a través de estos servicios, y con la libertad de todos los ciudadanos de escoger en qué y cómo movilizarse, con seguridad, comodidad y eficiencia”, recalcó López.
Agregó que aunque se presenta como un fortalecimiento de la supervisión, el proyecto impone un régimen sancionatorio de carácter punitivo y prohibitivo que lleva a que los servicios de movilidad con vehículos particulares pasen de la indefinición regulatoria a la ilegalidad explícita, pese a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no solo han instado a avanzar en regulación, sino que han reconocido que en el uso de estas plataformas se materializa el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos.
La iniciativa convierte los servicios de movilidad con vehículo particular en actividades abiertamente ilegales y habilita un régimen de persecución que permite a las autoridades ordenar la suspensión inmediata de la operación, sin decisión administrativa o judicial de fondo; inmovilizar vehículos por hasta 120 días; y aplicar multas desproporcionadas, como sanciones de $4,7 millones por cada viaje, que recaen sobre usuarios y plataformas, o multas de hasta $2.179 millones cuando la ley no fija una sanción específica.
López explicó que el proyecto incluso califica esta actividad como un riesgo para el orden público, ordena a la Policía priorizar su persecución, traslada responsabilidades sancionatorias a las propiedades horizontales que permitan o faciliten la oferta, el estacionamiento o la prestación de los servicios, con multas de hasta $726 millones, y establece una mordaza institucional que prohíbe a congresistas, funcionarios y autoridades de movilidad pronunciarse a favor de la actividad económica de estas plataformas.
“En conjunto, estas disposiciones hacen inviable la prestación y el uso del servicio, y afectan directamente a conductores, propietarios de vehículos y usuarios”, puntualizó el dirigente gremial.
El alcance sancionatorio no se limita a quienes prestan o utilizan el servicio. El proyecto extiende la responsabilidad a propietarios de vehículos y a administradores de propiedad horizontal, convirtiendo a ciudadanos y terceros en agentes de control bajo amenaza de sanción.
El proyecto eleva de forma drástica el régimen sancionatorio, con multas desde 1.000 hasta 60.000 UVB (entre cerca de $10 millones y $726 millones) para propietarios y administradores de propiedad horizontal, ordena a los alcaldes desactivar físicamente puntos de recogida en hoteles y centros comerciales, y genera un veto de facto, al incentivar a administradores privados a restringir el acceso de vehículos de plataformas para evitar sanciones.
En cuanto a su efecto mordaza, indica el gremio que el proyecto expone a congresistas y otros servidores públicos a investigaciones o sanciones por pronunciarse a favor del desarrollo de la actividad económica a través de plataformas, inhibiendo el debate democrático y el control político sobre una política pública de alto impacto social.
“Este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan. Se trata de un esquema de persecución contra conductores, usuarios y empresas, justo cuando el mundo avanza hacia regulaciones inteligentes y modernas”, afirmó López.
En Colombia, 1.283.577 cuentas de conductores generan ingresos a través de plataformas digitales de movilidad y existen 21.566.073 cuentas de usuarios que utilizan estas aplicaciones como alternativa cotidiana de movilidad.
“Esta realidad coincide con la Encuesta Polimétrica 2024 de Cifras y Conceptos, según la cual el 69 % de los colombianos apoya un mejor marco regulatorio para las plataformas de movilidad y los servicios que estas intermedian; el 77 % considera que las plataformas amplían las opciones de movilidad, y el 74 % reconoce que generan oportunidades de ingreso”, precisó el dirigente de Alianza In Colombia.
