Al cumplirse un mes de la advertencia emitida al Ministerio de Hacienda relacionada con el manejo de la deuda pública, la Contraloría General de la República presentó el primer balance del seguimiento, en el cual se observa la persistencia de los riesgos asociados a la operación anunciada y a las condiciones recientes de financiamiento del Gobierno Nacional.
Uno de los factores que motivó la advertencia de la Contraloría fue la identificación de vencimientos de deuda que continúan mostrando concentraciones críticas en los años 2026, 2029 y 2030. Señalaron en ese sentido que estos compromisos exigirán una gestión activa del portafolio por parte del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, indicaron que la persistencia de déficits primarios en un contexto de altas tasas de interés real y crecimiento económico moderado genera legítimas dudas sobre la sostenibilidad de la deuda nacional.
La Contraloría General reitera que la deuda sigue aumentando, al igual que los intereses asociados, mientras que el crecimiento de los ingresos no muestra el ritmo necesario para superar la crisis. Por ello, resulta indispensable implementar de manera urgente una estrategia de incremento de ingresos sustentada en un crecimiento económico sostenido, cuyos resultados se reflejen en la caja del Estado en el menor tiempo posible y de forma estable.
En este sentido, la entidad mantiene la Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda frente al comportamiento de la deuda, en un contexto donde las tasas de interés de los TES de corto plazo superan las de largo plazo, alcanzando niveles cercanos al 15%.
“Esta situación refleja mayores percepciones de riesgo y presiones sobre el financiamiento del Estado. En cuanto al Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a 555,7 billones de pesos, la mayor ejecución registrada a corte del 14 de mayo corresponde al rubro de deuda, con un 37,5%, mientras que la inversión apenas alcanza el 19%. Este último componente, clave para el crecimiento económico, continúa rezagado”, afirmó el ente de control.
Advierten que la baja ejecución de la inversión pública representa un riesgo directo para la reactivación económica y el cumplimiento de las metas sociales.
“La inercia en el gasto no es solo un rezago administrativo, sino una falla de gestión pública: cada peso no ejecutado oportunamente es una oportunidad perdida para los ciudadanos”, indicó el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez.
Finalmente, desde el ente de control manifestaron que los indicadores macroeconómicos —como el crecimiento del PIB de 2,2% en el primer trimestre y la tasa de desempleo de 8,8% registrada en marzo de 2026— muestran una economía resiliente, aunque con desafíos significativos que deben atenderse de manera prioritaria. Entre ellos destacan la inflación, especialmente la de alimentos, el creciente gasto en intereses de la deuda pública, el déficit fiscal y las presiones sobre la sostenibilidad de las finanzas pública.
