Pese a los cuestionamientos, el Gobierno nacional parece que ya tiene claro como solventar el déficit fiscal de 2026 ante su frustrada ley de financiamiento que terminó por hundirse en el Congreso: decretar emergencia económica.
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Según declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, dicho decreto ya había sido firmado la semana pasada, sin embargo, de momento ningún documento al respecto se ha hecho público aún cuando restan 10 días para el año acabe.
¿Qué es?
Aunque los opositores y distintas agremiaciones han puesto el grito en el cielo al llamarla “inconstitucional”, esta declaratoria no es nueva para el país, ya durante el gobierno Duque, en plena pandemia, el Ejecutivo se vio obligado a declararse en emergencia dado la situación económica por la que atravesada el país.
Ahora el contexto macroeconómico de Colombia es distinto, con cifras en verde, pero el gobierno Petro tiene buscar la forma de obtener 16,3 billones de pesos con los que se garantizaría la totalidad de los recursos para cubrir el presupuesto del otro año para el funcionamiento del Estado.
Así las cosas, la emergencia económica es un estado de excepción con el que busca solventar los problemas de caja que tiene el presupuesto. De ahí las críticas de algunos, pues los anteriores son dos contextos de la misma Colombia en distintos estados económicos que, dicen, no se parecen y por ello lo llaman una medida “inconstitucional”.
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¿Nuevos impuestos a la vista?
Aunque el decreto aún no ha sido publicado, se conoció lo que el Gobierno evalúa en cuestión de impuestos para incluir en la emergencia económica.
Uno de esos impuestos sería incrementar el gravamen a los movimientos financieros, pasando del 4 x 1.000 al 5 x 1.000. Además, se estudia la creación de nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillos. Ambos afectarían el consumo y el gasto de los hogares.
Asimismo, en la medida se buscaría la creación de un impuesto que gravaría la extracción, la primera venta y la exportación de petróleo crudo y carbón. Este tributo tendría una tarifa del 1% sobre el valor de la venta o el valor FOB, y se aplicaría a empresas y grupos económicos con una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT.
Por su parte, en el decreto también se incluiría un ajuste al régimen tributario de los juegos de azar en línea, sin importar si las apuestas se realizan desde Colombia o el exterior. Estas actividades quedarían gravadas con un IVA del 19 %.
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Germán Ávila, ministro de Hacienda, advirtió que de no contar con estos recursos el país podría quedar desfinanciado y el Gobierno estaría obligado a realizar recortes significativos del gasto público o el replanteamiento de partidas clave.
Hay que recortar que la medida de emergencia económica le permite al Gobierno legislar temporalmente por decreto. Sin embargo, es algo que tiene que revisar primero la Corte Constitucional para poder ser aprobado.
¿Inconstitucional?
En una carta enviada a los magistrados de la Corte Constitucional, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) les advierte que existen riesgos para los contribuyentes con la imposición de nuevos impuestos y por la vacancia judicial limitaría la respuesta de la Corte para frenar la declaratoria.
“La imposibilidad de que la Corte responda de forma célere podría significar la afectación de los derechos de un gran número de contribuyentes”, se lee en la comunicación de la agremiación enviada a los magistrados y que se conoció el viernes 19 de diciembre.
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Para la ANDI los argumentos que esgrime el ministro de Hacienda para la declaratoria de emergencia económica, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, “tienen origen en acciones del mismo Gobierno y fueron completamente previsibles”.
La agremiación argumenta que no existen justificaciones pues el faltante estimado por el Gobierno sería de $16 billones de los $546 billones proyectados para el Presupuesto General de la Nación de 2026. Ese restante equivaldría al 2,9 % del total, lo que para la ANDI es insuficiente para declarar una emergencia económica.
“Un faltante equivalente al 2,9% no tiene una magnitud tal que justifique la declaratoria de un estado de emergencia económica”, señalaron.
Ante esta alerta, el presidente Gustavo Petro criticó el actuar de la ANDI asegurando “ahora sí, se ponen pilas y corren a defender a los megarricos de los impuestos. Pero salen corriendo, lejos de aquí, para subir el salario de los trabajadores. Afán para tumbar los impuestos a los más ricos del país; pero se estancan y demoran y bostezan y sacan excusas para no permitir las pensiones a los ancianos y las ancianas Completamente desnudos están al descubierto”.
A su turno, Bruce Mac Master, presidente del gremio, le respondió al mandatario que todo lo que hacen es “para defender el estado derecho y la Constitución hay que estar listo, hay que hacerlo con convicción, y hay que hacerlo con la urgencia que requiere defender la democracia, especialmente cuando las amenazas vienen de lugares inesperados, en este caso, del Estado mismo”.
