Las críticas a las intenciones del Gobierno nacional de presentar en este mes ante el Congreso de la República una reforma tributaria para recaudar $26.3 billones, que serán destinados para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026, cuyo monto es de casi $557 billones se intensifican cada vez más, afirmando en la mayoría de ellas que lo que puede ocasionar es un desbalance fiscal.
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“Esperamos que entre unos 15 y 20 días sea radicada la propuesta de ley de financiamiento y en esto consideramos que el país y el Congreso deben tener un altísimo grado de responsabilidad”, señaló el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, durante esta semana.
Sobre las fuentes para financiar el presupuesto del próximo año, el Gobierno confirmó que, del monto total, $501 billones se financiarán con recursos de la Nación y $29,6 billones con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales. Asimismo, $301,7 billones corresponden a ingresos tributarios y $1,4 billones a no tributarios.
Uno de los primeros en pronunciarse de forma detallada sobre este planteamiento del Gobierno fue el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), señalando que esta modificación en el plan fiscal de 2026, tan poco tiempo después de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), tiene serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país, en un momento de coyuntura de situación fiscal crítica. Acto seguido, resaltaron que la discrepancia entre el gasto primario establecido en el Mfmp y el aprobado en el escenario del PGN ha sido atípicamente alta en 2025 y 2026.
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Dentro de ello, resaltaron que el nuevo escenario aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para 2026 mantiene inalterado el déficit fiscal programado en el Ministerio de Hacienda publicado en junio (6,2 % del PIB), pero afirman que esto incrementa el déficit primario (es decir, la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo los intereses) a 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), desde 1,4 % proyectado hace pocas semanas.
“Con la decisión, el gasto primario se incrementa en $18,2 billones (0,9pp del PIB) frente al estimado en el Ministerio de Hacienda”, detalla el Carf, remarcando que, según Minhacienda, $7,2 billones del aumento de gasto estaría orientado al aseguramiento de la salud, $5,7 billones a subsidios de energía y gas y $5,9 billones a inversión. Otras partidas se reducirían en $0,6 billones.
Para el Carf, los cambios de la estrategia fiscal de 2026, sin que se presente ningún evento extraordinario ajeno al control del Gobierno, exigen explicaciones transparentes.
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A ellos les inquieta que la nueva estrategia pretenda financiar gastos persistentes vía fuentes transitorias o inciertas. “Todo lo demás constante, se incrementaría el desequilibrio estructural. Considerando las explicaciones del Ministerio de Hacienda, el menor gasto de intereses en 2026 es posible, pero derivado de factores principalmente contables y temporales. Incluso, es posible que el costo de la deuda pública aumente en los años subsiguientes. La única manera de reducir estructuralmente la carga de intereses es a través de señales (y decisiones) de reducción del desbalance fiscal”.
Tiene “los mismos errores”
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que el anteproyecto de presupuesto para 2026 plantea un crecimiento del 8 % frente al aprobado para 2025, es decir, casi el doble de la inflación esperada para el próximo año. A su vez, remarcó que, excluyendo el servicio de la deuda, el gasto aumentaría un 12,7%, lo que equivale a tres veces la inflación proyectada.
“En el contexto de la actual fragilidad fiscal, este proyecto, por tercer año consecutivo, luce de dudosa capacidad de financiación y no da el difícil pero necesario paso de iniciar un recorte en el gasto público”, detalló Mejía.
En ese sentido, agregó que este proyecto “repite los mismos errores del año anterior”.
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“Esto va a generar un crecimiento del gasto del 9 %, que duplica la inflación proyectada para 2026 (4,5 %). Este aumento se calcula frente al presupuesto vigente con decreto de aplazamiento, que asciende a $511 billones. También tendrá un aumento del déficit primario —la diferencia entre el gasto sin intereses y los ingresos— que pasaría de 1,4% a 2,0% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $38,6 billones”, socializó.
Añadió que también genera la ausencia de un esfuerzo por iniciar un ajuste serio del gasto público.
“Es de paso una reforma tributaria con escaso margen político en un año preelectoral. La primera discusión de fondo que debe dar el Congreso es la del monto total del presupuesto, que debería crecer en línea con la inflación esperada. En ese caso, no debería superar los $531 billones”, precisó Mejía.
Por su parte, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, expresó que el proyecto de presupuesto para 2026 está precedido de un largo texto como “ mensaje presidencial” que no es otra cosa que una justificación de la visión estatista del presidente Gustavo Petro.
“Allí encontramos una amplia justificación de por qué en este gobierno se cerraron los grifos de la exploración de los combustibles fósiles, una jubilosa explicación de por qué el salario mínimo se ha fijado por encima de la inflación y de la justificación para seguir subiendo impuestos. El documento es interesante, pues es quizás la mejor explicación que se ha dado a la visión del pensamiento estatista que podría reducirse en esta frase: “ Este es el gasto que quiero hacer, estos los impuestos que necesito”. El sector privado es el gran ausente de este texto. El documento presupuestal da a entender que todo lo hace y lo debe hacer el Estado”, indicó el exministro de Hacienda.
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Seguirá creciendo el gasto
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo calificó como “pésimo” porque “no solo sigue desaforado creciendo en gastos de funcionamiento, burocracia y personal, sino que la inversión social y productiva es la que sale a perder”.
“Esta última, cuando se compara contra 2022, cae. Mientras tanto la burocracia crece al 40 %. Pero lo peor es que está desfinanciado en $26 billones y en un contexto donde se suspendió (o activó cláusula de escape) la regla fiscal y donde tendremos el déficit y la deuda en máximos históricos. Qué descaro pretender una reforma tributaria cuando la deuda y el déficit no tienen límites sensatos. Y, mientras tanto, pobres o pobrísimos los recursos para cultura, deporte y ciencia y tecnología. Caen en términos reales. Triste. El Congreso tiene que ponerse las pilas para estudiar este mal Presupuesto y exigir cambios de fondo y compromisos de bajar el derroche en gastos de funcionamiento”, enfatizó Restrepo con profunda preocupación.
Estimaciones
Con las modificaciones al plan financiero de 2026, consistentes con el PGN 2026, ahora el Carf estima en su escenario base que el faltante de recursos para cumplir con la meta de déficit fiscal de 6,2 % es de $38 billones, equivalentes a 2pp del PIB.
“Hay factores que podrían incrementar el faltante en 2026, tales como la reserva presupuestal a ser constituida en 2025 y ejecutada en 2026, la entrada en vigor de la reforma pensional y posibles efectos adversos que el ajuste en la estrategia fiscal pueda producir en los costos de la deuda”, dice el organismo.
Mayor asignación por sectores
El sector con mayor asignación de recursos será educación, que pasará a $88,3 billones en 2026, subiendo $6,6 billones. Le sigue salud y protección social, que subirá a $75,7 billones, lo que representa un incremento de casi $6 billones. En tercer lugar está defensa y policía, con una asignación de $68,9 billones, frente a los $64,2 billones del año anterior.
