El gran desafío de la reforma pensional ante el empleo femenino

El día que Merle Mendoza escuchó al funcionario que le dijo: 'No te puedo seguir pagando, no puedes seguir en la institución', se derrumbó. Lloró. El país estaba bajo la covid-19.

El funcionario y jefe de una entidad del Estado castrense agregó que debía cerrar el jardín para niños donde había trabajado 21 años bajo un contrato de prestación de servicios anual.

Mendoza sintió que sus derechos se habían vulnerado, porque le faltaban tres años para cumplir por edad (57 años) uno de los requisitos para solicitar la pensión.

Ella confió que sus ahorros estaban en un fondo privado, en el que recordó estar afiliada para cotizar su pensión desde principios del siglo XXI. Después de su desvinculación se enteró que sin su consentimiento fue trasladada a Colpensiones. Sin aún tener las semanas cotizadas (1.300) para una pensión y menos la edad, el régimen le entregó una indemnización de $20 millones.

Ahora con 57 años cumplidos, enseña a niños de 2 a 4 años en un club de iniciación escolar en su apartamento en el norte de Barranquilla y pregunta: ¿Quién me va a contratar hoy?

El caso de Merle Mendoza muestra uno de los casos que se debe tener en cuenta para legislar en la reforma pensional que está en trámite en el Congreso de y en paralelo a cómo reducir brechas de hombres y mujeres en el acceso al trabajo, salarios y al causar pensión.

El pasado 6 de junio, la Corte Constitucional dio un paso adelante al declarar inexequible o contraria a la Constitución Política, el inciso 2 del numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 (que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993) en cuanto a la exigencia que una mujer debe cotizar 1.300 semanas en el régimen público para pensionarse por desconocerse el derecho a ellas a obtener una protección en el ámbito de la seguridad social.

Mónica León del Río, abogada especialista en Estudios Garrigues en España, y directora de Justicia Promujer, explica que la decisión de la Corte es transitoria y temporal.

Juan Ricardo Perilla, director del Observatorio Condiciones Socioeconómicas del Caribe, Ocsa, analiza que al reducir las semanas de pensión para mujeres habrá un costo fiscal bajo.

La senadora Nadia Blel, ponente de la reforma laboral, celebró la decisión de la Corte Constitucional. 'Es una iniciativa que genera mucho impacto sobre todo de índole económicos, porque obviamente las mujeres pelean ahorrar en menos tiempo, pues el Estado debe asumir esa pensión. En estos momentos a pesar de que nos dimos una dura batalla y logramos sacar adelante la iniciativa reduciendo el número de semanas, pero este beneficio solamente iba para mujeres entre uno y tres salarios mínimos, precisamente por ese impacto. La Corte en su momento nos tumbó esa ley y la declaró que era inviable por eso yo más que nadie celebró este pronunciamiento nuevo porque cambia la jurisprudencia, nos da la razón y reconoce que en realidad hay una brecha muy grande en nuestro país entre hombres y mujeres. Las mujeres hacemos el esfuerzo doble tenemos adicionalmente los cuidados de la casa. Es un reconocimiento de muchos años de lucha, que hemos dado muchas mujeres, que en realidad se valore ese trabajo que hacemos también en casa y con mucho esfuerzo las que consiguen trabajo, pues también están aportando al sistema. Celebro este fallo'.

El mercado laboral en la región Caribe muestra que vincular a un trabajador informal (que no cotiza para pensión) al formal los más afectados son las mujeres y los hombres. Esto demuestra la gravedad y el impacto en la Costa Caribe.

'Es un problema nacional, pero es grave en la región Caribe con una excepción en Barranquilla. En Santa Marta la informalidad es del 80 % o Guajira del 60 %, esto afecta la definición del salario mínimo', precisó Juan Ricardo Perilla.

Nadia Blel explicó que la propuesta que propuso su partido para la reforma pensional es que se disminuyan las semanas de cotización para los del régimen de transición que buscan pensionarse, y teniendo en cuenta que hoy se ha puesto un techo de 1.000 semanas, se lleve a 780 semanas. 'Y que se le incluya un componente de 35 años para las mujeres y 40 para los hombres'.

Deyanira Castillo, integrante de Coordinadora Nacional de Pensionados y desde las Víctimas de las AFP, se pregunta con el fallo de la Corte Constitucional sobre el régimen de prima media, cuándo se legislará sobre los casos de mujeres en el régimen privado que cotizan con salario mínimo o hasta 10 salarios mínimo mensual legal vigente (smmlv).

'Se quedó corta la Corte, porque mientras los hombres al consolidarse alguno de los riesgos de invalidez, vejez o muerte (ivm), sobre todo el riesgo de vejez, se ven sometidos a paupérrimas pensiones, pues existen casos documentados de afiliados con 10 smmlv y con 26 años de cotización, recibirán en un fondo privado una pensión aproximadamente de 2 smmlv; no obstante, a las mujeres se les castiga en el régimen privado, exigiéndoles más ahorro en las mismas condiciones, so pretexto de que la esperanza de vida según el Dane para las mujeres es de más años', explica Castillo, abogada de la Universidad La Gran Colombia.

El caso de Inés Elvira Restrepo, médico Pediatra con especialización en cuidados intensivos, cabeza de hogar, es una referencia para Deyanira Castillo. Por tener un hijo en condición de discapacidad y otro de 10 años, después de cotizar sobre 10 smmlv, a Inés Elvira Restrepo le ofrecía el fondo privado escasamente 1 smmlv como mesada pensional, porque según el cálculo actuarial, el dinero debía alcanzar para los tres. Tal situación le generó un cáncer y luchó entre los estrados judiciales para el traslado al régimen público, donde su pensión sería de 6.5 smmlv aproximadamente por los 30 años laborados y cotizados. A pesar de sus ganas por vivir, perdió la batalla contra el cáncer.

La Coordinadora Nacional de Pensionados y desde las Víctimas de las AFP proponen a los congresistas que en la reforma pensional, si continúa el régimen privado de pensión en Colombia, se modifique el componente de ahorro individual en el Pilar Contributivo.

Deyanira Castillo agrega que en el pilar contributivo el ahorro sea voluntario y no obligatorio después de 3 smmlv e igualmente pide a la Corte Constitucional sentar un precedente en cuanto a las mujeres que se encuentran cotizando en el Régimen Privado en pro de garantizarles el mismo derecho.

En Colombia hay 23 millones de personas ocupadas.