Vereda El Alacrán: una ‘mina’ de incertidumbre en Puerto Libertador
Minerales de Córdoba dice que busca salida viable para familias que se dedicaban a la minería en esta zona y huyeron tras operativos del Ejército.
En unas 400 hectáreas se extiende el punto de excavación de la mina El Alacrán, territorio rico en minerales donde las piedras esconden vetas de oro, que en un abrir y cerrar de ojos pueden hacer millonario a cualquiera que tenga la fortuna de encontrarlas.
En más de cuatro décadas centenares de familias se han instalado en esta selvática y húmeda región para probar fortuna.
El Alacrán en realidad es una vereda del corregimiento San Juan, a 20 kilómetros de Puerto Libertador, por vía destapada. A pesar de la carencia de escuelas, centros de salud y otras comodidades urbanas, entre la manigua se instalaron unas 300 familias que suman alrededor de 1.200 personas, de las cuales, por lo menos, 600 son menores de edad.
Es un territorio rural tradicionalmente agropecuario, que ha vivido una expansión de la actividad minera.
Por un lado de la mano de pequeñas explotaciones artesanales, que han ido adquiriendo cierto grado de mecanización en la extracción del oro; y, por otro, a través de grandes explotaciones mineras a cielo abierto.
Durante siglos la fértil zona del San Jorge ha conservado en sus entrañas las ‘pepitas’ doradas, causantes de la fiebre del oro que atrajo a los españoles durante la Colonia. Desde entonces ha sido disputada por diversos actores criollos, y ahora es operada por una minera canadiense.
Si bien en el 2006 el Gobierno nacional abrió la puerta a una creciente entrada de capitales internacionales para la extracción de minerales a gran escala, en la vereda El Alacrán aún hacen presencia nativos dedicados a la minería artesanal ancestral.
Y para mayor dificultad, las autoridades aseguran haber identificado grupos como el Clan del Golfo, que además de la economía que generan los cultivos de hoja de coca, la extorsión y los homicidios selectivos, deciden sacarle provecho al ‘sueño dorado’.
La falta de un derrotero claro de la autoridad minera nacional propicia la estigmatización en la lucha contra las economías ilegales. Precisamente, en la vereda El Alacrán, la Defensoría del Pueblo denunció el pasado domingo 14 de marzo un conflicto entre fuerza pública y campesinos por la destrucción de maquinaria que supuestamente estaba al servicio del Clan del Golfo.
“No nos estigmaticen”
Brenda Karina Bohórquez, habitante de El Alacrán, reconoce que muchos de sus vecinos hacen parte de familias de la minería informal, pero sostiene que no están relacionados con grupos al margen de la ley.
“Tenemos más de 40 (familias) en este lugar y me duele la indiferencia de las autoridades ante esto que nos han hecho. Nos han dejado sin medios para trabajar y hacer lo único que sabemos hacer”, alcanza a decir la mujer antes de hacer una pausa para llorar.
Minerales de Córdoba es la única que cuenta con las licencias para emprender la exploración en unas 2.000 ha, en el marco del proyecto minero a cielo abierto, considerado uno de los más grandes de Latinoamérica.
“La gente debe saber que una empresa canadiense ha desplazado a los mineros artesanales de la mina El Alacrán. Somos mineros tradicionales y no negamos nuestra profesión, porque de eso hemos vivido por más de 40 años”, dice Brenda Karina.
Según el Centro de Investigación y Educación Popular, del Programa por la Paz, CINEP/PPP, el proyecto San Matías cuenta con una producción estimada de 417.300 toneladas de cobre, 724.500 onzas de oro y 5.930.000 onzas de plata.
Sin embargo, se ignoran las estimaciones de extracción en la minería artesanal.
“Ellos nos dañan nuestras herramientas de trabajo, nos están condenando a un exilio incierto, a la incertidumbre económica. Duele que el tiempo que hemos estado aquí, todo lo que hemos construido durante tantos años de trabajo se haya destruido en cuestión de minutos. No somos delincuentes, no apoyamos el paramilitarismo, no apoyamos a la guerrilla, toda la vida hemos trabajado con nuestras manos. Qué camino le queda a nuestros hombres y niños, si aquí solo sabemos trabajar en la mina que nos quitaron”.
Las tensiones ambientales también se hacen visibles ante el incremento de familias dedicadas a la extracción aurífera, con técnicas agresivas con el ecosistema, lo que promueve la deforestación, el cambio climático y la contaminación de las fuentes de agua relacionadas con el uso de mercurio y otros químicos tóxicos.
“Usan a la población”
La combinación de necesidades básicas insatisfechas, por un lado, y la presencia de redes criminales organizadas, por otro, incentivan la creación de economías ilegales que captan a ingenuos deseosos de obtener unos cuantos gramos de oro.
El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Gabriel Bonilla, manifestó que los grupos ilegales utilizan a la población. “El Clan del Golfo instrumentaliza a la comunidad para obtener ganancias ilegales que superan los $8.000 millones mensuales”, indicó el oficial.
El reciente procedimiento se realizó en la campaña militar y policial ‘Aquiles’, concentrada en el sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, conformada por Ejército, Policía y Fiscalía.
“La operación se dirigió contra la explotación ilícita de minerales en la mina ‘El Alacrán’. Se logró la destrucción de 18 motores e inhabilitación de 16 entables mineros de los que se extraían alrededor de 100 gramos de oro diarios con la utilización de mercurio, afectando estas rentas criminales, y además se interrumpe la instrumentalización de la población civil por parte del GAO Clan del Golfo”, aseguró Bonilla.
Según las autoridades, la minería ilícita en estas zonas del país es la principal fuente de financiación de los grupos armados para sostener su lucha por el control territorial.
Algunas fuentes estiman que el 80% de la producción nacional de oro procede de explotaciones que carecen de permisos legales para funcionar. Y, sin embargo, la mayor parte de ese oro de origen dudoso termina en los circuitos legales para su exportación debido a las dificultades para establecer sistemas de trazabilidad fiables.
Los voceros de la empresa Minerales de Córdoba reconocieron la permanencia de las comunidades por más de 40 años en el territorio, pero aseguraron que las recientes acciones judiciales son de competencia netamente de las autoridades.
“La posición corporativa es la de apoyar a las autoridades legítimas, que buscan restaurar la legalidad y el orden público en zonas mineras, así como garantizar que el desarrollo extractivo se haga con sujeción a la normatividad vigente, y en condiciones de seguridad para la vida humana, animal y vegetal”, señala la multinacional.
Minerales de Córdoba asegura que se encuentra en diálogos para encontrar una solución para los mineros artesanales que han sido retirados de la zona.
El ministro de Minas, Diego Mesa Puyo, dijo que el Gobierno nacional no ha sido indiferente a la situación que atraviesan las comunidades en la vereda El Alacrán, y aseguró que espera que la empresa responda las solicitudes de la comunidad.
“Venimos trabajando de la mano de la comunidad, estuvimos presentes con las comunidades en el área de la mina. Estamos esperando que la empresa conteste algunas de las peticiones que se hicieron”, sostuvo.
Aseguró que esta mina es un enclave importante en la diversificación minera de oro y cobre en el sur de Córdoba.
