El Heraldo
Córdoba

Gestionan inclusión de indígenas en registro de víctimas en Córdoba

Las comunidades étnicas se encuentran en condición de desplazamiento desde hace más de tres meses.

Un grupo de asesores de la Defensoría del Pueblo iniciará las asesorías de rigor que permitan a los voceros de las comunidades Emberá Katío sustentar las razones por las cuales deben ser incluidos en el registro de víctimas de la violencia en Córdoba, tras completar más de tres  meses en condición de desplazamiento en el centro de Montería.

La decisión fue tomada por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, durante la mesa de trabajo que fue convocada a inicios de esta semana en Bogotá, para aclarar los criterios para acceder a la categoría de víctimas de desplazamiento.

“Se realizó una mesa de trabajo junto a la Procuraduría General de la Nación y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, para revisar criterios utilizados por la Unidad de Víctimas para no incluir en el Registro a indígenas y campesinos desplazados que hoy se encuentran en Montería”, dijo el alto funcionario este miércoles 28 de julio.

Según los censos de las autoridades, en total se trata de 647 familias desplazadas en Montería, es decir 2.181 personas, de las cuales 1.059 son niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues improvisados en el parque Simón Bolívar, pleno centro de la ciudad.

“Durante la reunión se expuso que debido a la presencia de grupos armados ilegales, las violaciones de derechos humanos y los repertorios de violencia en el territorio de estas comunidades provocan temores, condiciones de amenaza y vulnerabilidad en la población”, explicó Camargo Assís.

Cabe indicar que las familias indígenas llegaron a Montería provenientes del Resguardo del Alto Sinú, zona rural de Tierralta, desde el pasado 20 de abril, por causa de la presencia de grupos armados que los intimidan en sus territorios ancestrales.

“Es por eso que se acompañará a los desplazados en la elaboración y presentación del recurso de reposición para que se estudien estas declaraciones y se revalúe la decisión adoptada”, puntualizó el defensor del Pueblo.

Se supo que las directivas de la Unidad de Víctimas se comprometieron a dar pronta respuesta a los recursos interpuestos para la inclusión de las familias indígenas desplazadas por la violencia en el sur de Córdoba.

De manera paralela, la Defensoría del Pueblo ordenó que se brinde atención interdisciplinaria a las comunidades que permanecen asentadas en albergues improvisados, en el parque Simón Bolívar, pleno centro de la capital cordobesa.

Si bien se ha discutido sobre las garantías de retorno para las familias indígenas, hasta el momento las autoridades no han entregado una fecha definitiva para que puedan abandonar los albergues improvisados y retornar a su resguardo.

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