El Heraldo
Jairo Zapa Pérez, asesinado.
Archivo
Córdoba

Denuncian dilaciones en las investigaciones por el caso Zapa en Córdoba

Los familiares aseguran que los retrasos han permitido encubrir a los autores intelectuales del crimen.

Siete años se cumplieron este sábado 27 de marzo de la desaparición y muerte del exdirector de la oficina de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, sin que se esclarezcan a ciencia cierta los hechos que rodearon su asesinato.

Precisamente en esta fecha, Fausto Zapa Velásquez, padre del exfuncionario departamental asesinado, manifestó que “después de siete largos años seguimos clamando justicia. Estamos ansiosos por conocer la verdad de este caso, que algunos quieren ocultar, porque posiblemente afectan sus intereses políticos, económicos y morales. Para nadie es un secreto que la administración de justicia en el caso Zapa Pérez se ha enredado en dar vuelta y más vueltas, dando como resultado una dilación amañada, además de injustificable”.

El doliente asegura que han sido siete largos años de angustiante espera por la verdad.

“Esa dilación se ha traducido en impotencia de nuestros abogados, familiares y allegados; posiblemente, esto tiene una explicación y fundamentación en el gran poder que blinda a los personajes que planearon y ordenaron todo lo que le hicieron a mi hijo. Ellos son los culpables, continúan ocultos en la sombra de una administración de justicia mezquina, y hasta posiblemente cómplice, por lo que después de estos años, tanto en el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Montería como en el Tribunal Superior del Distrito judicial de Montería, no ha sido posible realizar la audiencia de instalación del juicio del Caso Zapa Pérez”, indicó el doliente.

Debido a  la demora del proceso judicial, el año pasado el Comité Contra la Desaparición Forzada, de la Organización de Naciones Unidas, ONU, solicitó al Estado colombiano informes sobre el avance en las investigaciones que se siguen en torno a la muerte del exfuncionario de la Gobernación de Córdoba, ocurrida en 2014, durante la administración del exgobernador Alejandro Lyons Muskus.

“Cuanta tristeza nos invade al sentir tanta impotencia ante una justicia, que después de siete años, a pesar de contar con eficientes abogados, no ha podido avanzar para poder esclarecer los crímenes de Desaparición forzada y posterior homicidio de mi hijo. Pero, tan poco hemos recibido información acerca los resultados de la investigación que se debió desarrollar, una vez denuncié amenazas por desconocidos en mi casa. Se hicieron pasar por agente de civil con gorra de Policía, quienes, forzaron cerraduras de closets y gavetas de habitaciones de la casa”, indicó.

Por la muerte y desaparición de Zapa Pérez fueron vinculadas seis personas, de las cuales una confesó el homicidio como parte de un preacuerdo con la Fiscalía.

“Esta persona tiene una condena, que se obtuvo hasta hace muy poco, pero es una condena derivada de un preacuerdo donde obviamente hay una aceptación de responsabilidad, lo cual implica una reducción significativa de la condena, pero no se aclara todo lo sucedido”, sostiene el representante de la familia Zapa.

Jairo desapareció el 27 de marzo de 2014 y su cuerpo fue encontrado el 6 de agosto siguiente, en los predios de una finca que para la época fue reseñada como de propiedad de Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella, papá del cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.

El asesinato habría ocurrido en una vivienda en el norte de Montería, pero el cuerpo fue ubicado en una fosa común a más de 60 kilómetros de distancia de la capital cordobesa, en el corregimiento La Magdalena, zona rural de Pueblo Nuevo, en la subregión del San Jorge; donde el confeso asesino llevó los restos de la víctima, luego de estrangularla.

Cabe recordar que en octubre del 2019, luego de un preacuerdo entre el confeso asesino, Joyce Hernández y la Fiscalía General de la Nación, se estableció que el procesado recibiría una condena de 23 años de prisión y una multa superior a los mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Además de Hernández, desmovilizado de las AUC, fue vinculado al caso el contratista y señalado de ser el autor intelectual, Jesús Henao, quien sigue privado de la libertad

Cabe indicar que también figuraron como sospechosos, Zuath Naidú, pareja sentimental del señalado homicida; el primo de Zapa, Carlos Pérez; el segundo al mando en la Oficina de Regalías, Maximiliano García; y Jesús Albeiro Redondo, amigo de Henao.

“Considero que deben existir fuerzas muy poderosas que vienen influyendo para que las autoridades competentes se hagan los “orejas sordas” y no escuchen las reclamaciones y pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Medios de comunicaciones, redes sociales, familiares y abogados apoderados del caso, para que las audiencias y demás gestiones de administración de justicia se lleven a cabo lo más rápido posible. Recuerden que familiares y comunidad en general nos encontramos ansiosos por conocer la verdad, que sospechamos, que culpables intelectuales quienes ocultar”, puntualizó el padre de la víctima.

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