Ser líder social en Córdoba es una actividad de 'alto riesgo'

Gestionar obras para las comunidades, defender los derechos inherentes al ser humano, luchar contra la discriminación y fungir como veedores de obras públicas en Córdoba, al parecer, es similar a ponerse una diana de tiro al blanco.

Esta labor podría considerarse como uno de los oficios más peligrosos para ejercer en este departamento de la Costa Caribe donde, según los registros de la fundación social Cordoberxia, suman 53 líderes y lideresas asesinados en el transcurso de los 6 años que han pasado desde que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana.

Precisamente, el crimen del periodista y líder social Rafael Emiro Moreno Garavito a manos de hombres armados puso nuevamente en el foco la situación de riesgo de los líderes sociales en Córdoba, donde tan solo este año han sido asesinados tres y otros 234 han sido amenazados, reporta la citada fundación.

Panfletos, grafitis, llamadas anónimas y mensajes de texto son el preludio a un tenebroso mensaje en el que los violentos atinan a poner el punto final con las balas disparadas por sicarios.

Las motivaciones para asumir el rol de liderazgo social no radican en el dinero, ni estatus, ni mucho menos por la influencia política, es solo el deseo de garantizar un desarrollo para las comunidades vulnerables, una mejora en la calidad de vida que ha sido esquiva por la desidia histórica de los mandatarios de turno.

Justamente esos hechos de corrupción eran los que denunciaba el periodista investigador Moreno Garavito, acribillado por sicarios el pasado domingo 16 de octubre, en momentos en que se encontraba en el negocio de su propiedad El Rafo Parrilla, en la calle 4 del barrio 27 de Julio, en el municipio de Montelíbano, subregión del San Jorge, sur de Córdoba.

'Lamento y condeno el asesinato del periodista Rafael Moreno, quienes hemos soportado la estigmatización y el señalamiento temerario no podemos compartir esta clase de crímenes. Mataron a quien ejercía la actividad periodística en una zona de alto riesgo en Córdoba. Allí donde decir la verdad a favor o en contra tiene su costo, positivo o negativo', dijo Edgar Astudillo, consejero de Paz y miembro de la Corporación de Periodistas Colombianos Víctimas del Conflicto.

Agregó que 'nada justifica un acto criminal de esta naturaleza, se ha sacrificado la vida de un periodista de la Colombia profunda con virtudes y defectos como todo ser humano, pero eso sí, avante del periodismo. Rechazamos este crimen, nos solidarizamos con su familia, amigos y conocidos, exigimos el respeto a la vida de los colegas, como de todo aquel que sea líder social y de todo ser humano. Desde mi condición de periodista víctima del conflicto y consejero de paz en Córdoba me uno al rechazo por este crimen, es imperativo rodear al periodismo de Córdoba de dignificantes garantías que permitan su libre ejercicio y sobrevivencia'.

Moreno publicaba denuncias comunitarias en su medio digital Voces de Córdoba, referentes a los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Ayapel, Buenavista, localidades golpeadas históricamente por los actores violentos. Desde el año 2019 había sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones, por lo que había contado con un esquema de protección, el cual le habían reducido hace unos tres meses, mientras se esperaban los resultados de un nuevo estudio de seguridad.

Es una situación generalizada para los líderes sociales en Córdoba, donde unos 234 líderes han recibido intimidaciones, de los cuales el 35 por ciento, es decir 15, cuentan con esquemas de seguridad. Igual que para casi 800 ciudadanos del común víctimas de amenazas de todo tipo, para un total de casi mil personas amenazadas.

El Comité de Impulso de la Mesa Humanitaria en Córdoba hizo un llamado urgente al Gobierno nacional frente a lo que han catalogado como una crisis humanitaria en el territorio.

'En el departamento se ha dado una creciente situación de violencia que ha causado crisis económica y humanitaria poniendo en alto riesgo a la población civil, especialmente a comunidades del Sur de Córdoba, ante ello, diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos han denunciado graves situaciones de vulneración de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, como extorsiones, amenazas, acumulación masiva de tierras por despojo, administración de justicia ilegítima, desarticulación de organizaciones comunitarias de base; supuesta omisión del deber de protección que le asiste a miembros de la Fuerza Pública, así como las persecuciones, hostigamientos, y asesinatos a líderes y lideresas sociales, políticos, comunales, de campesinado, ambiental', indica el mencionado Comité, integrado por 12 asociaciones de líderes sociales que hoy en día temen por su vida.

De igual manera se hizo un llamado a las autoridades para adelantar acciones articuladas que permitan impulsar la consolidación de soluciones sostenibles.

'Nos sumamos al llamado frente a la importancia de que las estrategias que se vienen adelantando desde el Gobierno nacional para atender la crisis humanitaria que se vive en los territorios deban ser concertadas e implementadas en diálogo con las comunidades y se exija el cumplimiento de las funciones de las autoridades locales, regionales y nacionales en el territorio, ya que en lo que concierne a Córdoba preocupa que el 'Plan de emergencia para la protección a personas líderes sociales, defensoras de DD. HH. y firmantes de paz', indicó.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis pidió explicaciones sobre el esquema de seguridad que se había solicitado para la protección del periodista investigador.

Según sus reclamos, se debe esclarecer qué ocurrió con el esquema de seguridad que tenía la víctima.

'Habíamos hecho requerimientos a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para la evaluación del riesgo ya que Rafael Moreno había recibido múltiples amenazas, situación que también expusimos en varios consejos de seguridad realizados. Por eso instamos a las autoridades a investigar con celeridad los hechos y a establecer qué ocurrió con el esquema de protección que tenía la víctima', dijo.

Aseguró que al mismo tiempo que se realiza un seguimiento a este caso, se le brinda un acompañamiento a los familiares de la víctima.

'Rechazamos el asesinato del periodista Rafael Moreno, director del portal informativo Voces de Córdoba. Era conocido por su liderazgo y por las denuncias que hacía por hechos de corrupción', aseguró Camargo.

El Defensor del Pueblo recalcó la importancia de las alertas tempranas que se emiten desde esta entidad.

'Reiteramos a las instituciones la importancia de acatar las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas, que son de carácter netamente preventivo. Para el sur del departamento de Córdoba está vigente la alerta temprana 054 del 2019, así como sus seguimientos y la consumación de algunos hechos que advierten riesgo como los materializados en esta ocasión', sostuvo.

Por su parte desde la Unidad Nacional de Protección algunos voceros informaron que la situación de riesgo del periodista Rafael Moreno se encontraba en estudio.

'Al momento del homicidio el periodista tenía un esquema de seguridad de protección que incluía un escolta, un chaleco y un botón de pánico. Asimismo por evidencia de riesgo, el grupo de análisis estaba haciendo un nuevo estudio que no alcanzó a llegar a su conclusión', indicó la UNP.

Con relación al día de los hechos, la entidad informó que 'el escolta asignado manifiesta que el protegido le dijo el sábado 15 de octubre, a las 11:00 de la mañana, que no requería de su protección ese día y que estuviera pendiente hasta nueva orden. Posteriormente se enteró de su asesinato la noche del domingo'.

Rafael Moreno fue sepultado este martes 18 de octubre, en el cementerio del municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, donde residía junto con su esposa y sus tres hijos.

Luego de un consejo extraordinario de seguridad se estableció que las investigaciones realizadas por parte de un grupo especial de la Dijín de la Policía, serán apoyadas con el

pago de una recompensa de hasta $40 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del asesinato del periodista investigador Rafael Emiro Moreno Garavito.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Montelíbano, José David Cura Buelvas, en compañía de los altos mandos de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

'Hemos pedido celeridad en el proceso de investigación para que no quede impune la muerte del periodista, por eso hemos ofrecido la recompensa y vamos a traer una Policía y un fiscal especializado para que asuman este caso', dijo el mandatario municipal.

Cura Buelvas aseguró que se estudiarán las medidas de seguridad en torno a algunos periodistas que han denunciado intimidaciones en el pasado.

'El mensaje es para todos los periodistas para que confíen en nuestra Alcaldía, y que nosotros vamos a solucionar todo esto. Vamos a prestar atención de manera especial a todos los periodistas del sur de Córdoba que nos informen sobre las amenazas que han recibido y les daremos protección', aseguró.

Se analizarán los esquemas de seguridad para determinar si necesitan ser reforzados. 'Con relación a la seguridad de los periodistas, es importante que primero que se instauren las denuncias y nosotros de manera inmediata activamos las rutas', dijo.

Las labores de orientación a periodistas amenazados serán acompañadas por la Personería y la Defensoría del Pueblo.