Colombia

Polémica por el crimen de un policía en Bogotá

Los agresores fueron ciudadanos venezolanos. Migración defendió el Estatuto para aumentar la seguridad en el país.

Frente a los hechos registrados en las últimas horas en la capital, en los que fue asesinado el patrullero Edwin Arnoldo Caro Gómez, crimen en el que habrían participado ciudadanos venezolanos, el director de Migración, Juan Francisco Espinosa, indicó que según el Inpec hay un poco más de 97 mil detenidos y de ellos, menos del 1.8% son de nacionalidad venezolana.

Por eso, anunció que el Gobierno continuará "trabajando en la implementación de herramientas que, como el Estatuto Temporal de Protección, nos permitan identificar plenamente a esta población, facilitando así los procesos de judicialización en los casos que se requiera y aumentando la seguridad de nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional".

 

Agregó el funcionario que en lo transcurrido del año van más de 11 mil diligencias a lo largo del territorio nacional para verificar que el extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional, cumpla con la normatividad y respete la legislación. Y durante el año 2020 se adelantaron más de 41 mil procesos de esta naturaleza, afirmó.

"Así mismo, continuaremos articulando esfuerzos con las autoridades por garantizar la seguridad nacional y aquellos extranjeros que obren de manera indebida serán expulsado como los hicimos con más de mil 200 venezolanos en el año 2020. Más de 950 de ellos por situaciones presentadas en Bogotá", aseguró Espinosa.

El director del ente migratorio se pronunció luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vinculara nuevamente a migrantes venezolanos con el aumento de la inseguridad en la capital.

El patrullero Caro fue asesinado el miércoles cuando les solicitó una requisa a dos hombres que se movilizaban en motocicleta. En el intercambio de disparos el compañero de Caro abatió a uno de los sujetos quien también falleció, mientras que la otra persona fue capturada. Según las autoridades, los dos hombres, de nacionalidad venezolana, son sospechosos de pertenecer a una banda criminal que se dedica a asaltar a ciudadanos cuando retiran altas sumas de dinero de los bancos.

"Primero asesinan y luego roban, necesitamos garantías para los colombianos", dijo la mandataria local en una declaración que ha sido criticada por sectores que señalan un tinte de xenofobia en sus palabras.

"Hay una minoría de migrantes venezolanos profundamente violentos que matan para robar", dijo.

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