El miércoles, Human Rights Watch (HRW) reveló que los 252 migrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, denunciaron haber sido víctimas de torturas.
El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo.
El pasado 27 de julio, cientos de venezolanos acudieron a los centros de votación para participar en la tercera consulta popular.
Más de 600 fueron venezolanos. Entre los inadmitidos registraron a 46 ciudadanos extranjeros identificados como delincuentes sexuales contra niños y adolescentes.
El organismo internacional urgió “a las autoridades colombianas a brindar protección a los dos activistas” e “investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este atentado”.