Las circunstancias históricas me convocan a dirigirme a los colombianos en defensa de los intereses supremos de la sociedad y del ordenamiento jurídico.
Cumplo con un estricto mandato constitucional que busca comprometer el apoyo indeclinable de la ciudadanía en la preservación de la estabilidad democrática, ahora que iniciamos la recta final de la elección presidencial.
Estamos ad portas de un hito que marcará el rumbo de la patria para las generaciones venideras. Todos debemos proceder con responsabilidad.
Liderar esta institución, concebida por el Libertador Simón Bolívar como la magistratura moral de la nación, me impone el deber ineludible de recordar que ningún sesgo ideológico, interés personal o afán electoral puede estar por encima de los principios democráticos que nos cobijan.
Gracias al despliegue conjunto de la estrategia de Paz Electoral durante casi un año —liderada junto al registrador nacional, Hernán Penagos; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y respaldada por la Conferencia Episcopal de Colombia, gremios, medios de comunicación, personeros, gobernadores y mandatarios locales— las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo se desarrollaron en absoluta calma.
Los resultados de esta articulación institucional son históricos: por primera vez en muchos años la participación superó a la abstención tradicional en unos comicios para el Congreso de la República, otorgándole una legitimidad indiscutible. No se canceló ni una sola mesa de votación por motivos de violencia ni se presentaron denuncias de fraude; ningún partido o candidato sostiene hoy que le robaron los votos.
Si la paz electoral fue una realidad el 8 de marzo, tenemos la capacidad y la obligación de replicarla el 31 de mayo y el 21 de junio, en caso de una segunda vuelta. No existe razón para que sea diferente. No permitiremos que se arrebate el derecho ciudadano a elegir con libertad y transparencia a la persona que orientará los destinos de nuestra nación.
En atención a que persisten preocupantes denuncias sobre restricciones a la libertad en algunas regiones, amenazas a candidatos y sedes de campaña, e incluso asesinatos, pido al Gobierno nacional, a las autoridades y a la ciudadanía actuar con serenidad para garantizar la paz en cada rincón del territorio.
Con la autoridad que me confiere la Constitución, hago las siguientes exhortaciones:
Al presidente de la República, Gustavo Petro: le pido contribuir positivamente a forjar un clima de tranquilidad. Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, resulta improcedente el uso de recursos oficiales o de la dignidad de su cargo para el proselitismo con fines electorales. Como jefe de Estado y servidor público, debe ser el máximo ejemplo de neutralidad y primer guardián de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de participar indebidamente en política.
A los servidores públicos y contratistas: la ley prohíbe tajantemente su participación indebida en política. Quienes infrinjan esta norma enfrentarán el régimen disciplinario con la mayor severidad. La administración pública está para servir a los ciudadanos, no a las campañas.
Al Congreso de la República y la oposición les recuerdo que es competencia exclusiva del Legislativo ejercer el control político y aplicar la moción de censura, si hay lugar a ello, para frenar la intervención indebida en política de altos funcionarios, una herramienta con efectos mucho más inmediatos que los procesos disciplinarios ordinarios. Asimismo, les recuerdo que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la única competente para investigar al Presidente.
A los mandatarios locales y departamentales les advierto que deben ser modelos de pulcritud. Bajo ninguna circunstancia se tolerará el desvío de presupuestos públicos hacia campañas. Los recursos regionales pertenecen al desarrollo de la gente, no a las disputas partidistas.
Finalmente, insto a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional a extremar las medidas de seguridad para proteger a la población y a los candidatos.
Invito también a la ciudadanía a hacer uso responsable de las redes sociales; en coyunturas tan sensibles, la desinformación y el lenguaje incendiario ponen en riesgo el orden institucional y pueden costar vidas.
Agradezco el apoyo brindado por diversos actores de la sociedad a la paz electoral en las elecciones legislativas del 8 de marzo y los invito a redoblar su respaldo a nuestra estrategia en los comicios presidenciales con mayor ahínco.
A todas y todos los colombianos les pido rechazar categóricamente cualquier violencia física, verbal o moral en este debate presidencial.
La paz electoral para esta justa electoral que viene tiene que ser un compromiso histórico.
El país que hereden nuestros hijos debe ser una Colombia unida y en paz, con una institucionalidad legítima que emerja de las urnas mediante el voto libre de los ciudadanos.
Demostremos en las urnas la grandeza de nuestro pueblo.
