Entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes se ha sembrado un clima de tensión, gracias a las críticas del mandatario nacional por las recientes decisiones judiciales, en diferentes temas. Ante esto, varios exmagistrados y exministros le hicieron llegar una carta al procurador general Gregorio Eljach para que inste al jefe de Estado a no atacar las decisiones de la justicia.
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En la misiva, que entre otros es firmada por María Claudia Rojas Lasso, Gloria María Borrero y Luis Guillermo Guerrero Pérez, se piden al procurador hacer “un enérgico llamado” al presidente Petro para que “no prosiga con actuaciones como las que ha venido desplegando de manera reiterada y que desbordan el marco constitucional de la función presidencial”.
En el escrito también mencionan varias de las críticas que ha hecho el presidente Petro en contra de decisiones judiciales, como “la interferencia en el funcionamiento del Banco de la República; los señalamientos, carentes de soporte, sobre la supuesta existencia de riesgos sobre el sistema electoral, o la intervención en política para favorecer al candidato del gobierno”.
Para los exmagistrados y exministros firmantes, las conductas del mandatario nacional “amenazan la supremacía de la Constitución, el equilibrio democrático y la vigencia de los derechos y libertades”.
“Somos conscientes, señor Procurador, del fuero que por disposición superior ampara al Presidente de la República y por virtud del cual sólo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; por consiguiente, no solicitamos su actuación en ejercicio del poder disciplinario, sino que invocamos el ejercicio del poder moral que ostenta la Procuraduría, derivado del mandato del artículo 277 de la Constitución que le impone el deber y le brinda la competencia para vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”, se lee en la carta.
También se añade en la misiva: “El Presidente de la República, ciertamente, puede discrepar de las decisiones judiciales que le afecten, pero la expresión de su desacuerdo no puede pasar de la exposición razonada de su criterio divergente, al señalamiento infundado de motivaciones ajenas a la recta aplicación del orden jurídico en tales decisiones judiciales. Y esa conducta se repite frente a la actuación de cualquiera de las autoridades del Estado que, en el ejercicio de sus competencias, se aparten de lo que el Presidente considera el único entendimiento posible de la Constitución y la ley. Se trata de hechos notorios ante decisiones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo”.
Los exfuncionarios también mencionan que las instituciones bajo el mando del presidente han desplegado “una activa participación política partidista, en favor del proyecto político oficial, no solo a través de expresiones de apoyo a una campaña o de rechazo a otras, sino mediante la destinación de recursos públicos y burocráticos. En esa dirección el Presidente de la República ha falseado el sentido de los instrumentos de participación política, que, bajo su orientación, en lugar de ser un canal para la expresión libre y espontánea de la ciudadanía, se han convertido en un mecanismo para permitir la más amplia participación en política del gobierno en plena contienda electoral y con el empleo de ingentes recursos públicos de todo orden”.
Todo esto, de acuerdo a los firmantes de la carta, afecta el principio de separación de poderes porque “pretende subordinar el orden constitucional a la voluntad del Ejecutivo; pone en riesgo la independencia judicial, cuando deslegitima las instituciones y promueve la presión pública sobre magistrados y jueces para que fallen según la voz del jefe del gobierno; pone en entredicho los controles institucionales y distorsiona el principio democrático, cuando sugiere que la voluntad popular se expresa exclusivamente a través del Ejecutivo, desconociendo que la Constitución contempla la distribución del poder entre distintos órganos en un sistema que impone límites y controles”.
Los demás firmantes de la carta son: Jaime Alberto Arrubla Paucar, Gloria Stella Ortiz Delgado, Juan Manuel Charry Urueña, Mauricio Fajardo Gómez, Vivian Morales Hoyos, Cristina Pardo Schlesinger, Moisés Wasserman, Juan Camilo Restrep, oArturo Sarabia Better, Camilo Reyes, Luis Jaime Salgar, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Nilson Pinilla Pinilla, Pedro Medellín Torres, Jorge Humberto Botero, Germán Bula Escobar, Monica Cifuentes, Eduardo Pizarro y Gustavo Duncan.
