El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una dura advertencia sobre el sostenimiento de las EPS en el país. El jefe de la Contraloría aseguró que estas entidades, bajo la intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, presentan un “deterioro crítico y sostenido”.
Tras un seguimiento permanente, el ente de control concluyó que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema. Por el contrario, se identifican “riesgos relevantes” sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sobre la continuidad en la prestación del servicio.
“La Contraloría General de la República evidenció un deterioro significativo en la situación financiera de las EPS intervenidas, con riesgos para la operación de clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud”, precisaron.
Sobre Nueva EPS, la más grande del país, constataron que no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para 2024 y 2025, lo que impide “validar la veracidad de su información contable” ante el ente de control. Adicionalmente, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata identificó un faltante de $4,9 billones en el registro de reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.
Por su parte, en Savia Salud se disparó el nivel de endeudamiento pasando de 4,41 a 11,73, es decir un incremento del 166 %. A su vez, Coosalud y Famisanar también registran indicadores de solvencia en niveles “críticos”, con patrimonios que se hunden en cifras negativas millonarias.
En lo que respecta a Famisanar, el deterioro pasó de un estado aceptable de 1,00 a una condición crítica de 4,08 a diciembre de 2025, “reflejando un incremento sustancial en el riesgo financiero y un deterioro acelerado en la estabilidad financiera de la entidad”. Esto, dice la entidad, teniendo en cuenta que los rangos para el indicador de endeudamiento son: bueno (menor a 0,70), aceptable (entre 0,70 y 1,0) y crítico (mayor a 1,0).
Añadieron que en la mayoría de los casos, los pasivos aumentaron drásticamente desde que la Supersalud intervino estas EPS. A ello se le suma, lo que limitada capacidad para sostener la prestación del servicio en óptimas condiciones debido a que la rentabilidad operacional es negativa en las EPS analizadas.
Ante este panorama, el contralor advirtió que los resultados evidencian limitaciones en la efectividad de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud. “La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud”.
En ese sentido, la Contraloría instó a la Superintendencia de Salud a “fortalecer de manera inmediata las medidas correctivas y a justificar técnicamente la discrecionalidad en las intervenciones, para evitar que el daño patrimonial y social siga extendiéndose”, por lo que convocará a la entidad la próxima semana y a las EPS en intervención, a una mesa de trabajo con el fin de dar a conocer directamente los aspectos críticos de la advertencia.
