La Corte Constitucional ha tomado una nueva decisión que tiene que ver con la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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El alto tribunal, luego de analizar los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que habían modificado el Estatuto Orgánico del Presupuesto para crear una sección presupuestal independiente para el CNE y facultar a su presidente como ordenador del gasto, concluyó que estas disposiciones no guardaban relación directa con los objetivos, metas o estrategias del Plan, ni con su plan plurianual de inversiones, lo que constituye una violación al principio de unidad de materia.
La Corte ordenó retirar las disposiciones del ordenamiento jurídico y restablecer la normativa anterior.
El alto tribunal determinó que los cambios empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2027, teniendo en cuenta la importancia del CNE en la organización electoral y la campaña de elecciones presidenciales en curso.
Advirtió la Corte que, durante este periodo de transición, entidades como el Ministerio de Hacienda, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el CNE y el Departamento Nacional de Planeación deberán coordinarse para realizar los ajustes normativos e institucionales necesarios, así como estructurar el presupuesto general de la Nación para la vigencia 2027 conforme a lo ordenado por la sentencia.
Para este caso, la decisión se tomó de manera unánime con una votación de 8-0. No participó el magistrado Vladimir Fernández, quien estaba impedido para debatir del asunto.
