Una ola de rechazo generalizado, desde casi todos los sectores políticos, económicos y sociales, ha generado el anuncio del ELN sobre unas “condenas” aplicadas en un “juicio revolucionario” en contra de funcionarios del CTI de la Fiscalía y dos policías secuestrados en Arauca.
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Por medio del video difundido por el gripo armado, se conoció que detrás de este denominado juicio está alias Cendales. Se trata de un cabecilla de alto rango dentro de esta guerrilla, que está a cargo del Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño, una de las principales estructuras del Eln.
‘Cendales’, o alias el Profe’, identificado como William Ernesto Cruz López, es el criminal más buscado de la región. Desde el mes de octubre del año pasado, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1,600 millones de pesos.
Se conoció que Cruz López tiene más de dos décadas dentro del ELN, y ha ejercido como jefe militar y financiero del Frente Domingo Laín Sanz, estructura que mantiene el control territorial en departamentos como Arauca, Norte de Santander y parte del territorio venezolano.
De acuerdo a inteligencia militar, el Frente de Guerra Oriental, sumando todas sus divisiones, tendría actualmente 1.347 integrantes distribuidos en 14 estructuras criminales.
En el organigrama de inteligencia aparece alias ‘Pablito’, identificado como Israel Ramírez Pineda, como segundo cabecilla del Comando Central del ELN (COCE) y máximo responsable del Frente de Guerra Oriental.
Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca (este) y quienes según un comunicado leído el martes por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente.
De igual forma, los policías de la dirección de investigación criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron “condenados” respectivamente a 36 y 32 meses de secuestro prolongado.
