La Fiscalía General de la Nación emitió la Resolución 00119 de 2026, una normativa que define nuevas directrices para la investigación de amenazas y crímenes contra periodistas, comunicadores y trabajadores de medios, con el propósito de reforzar la capacidad institucional frente a estos casos.
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Según lo establecido en el documento, las pesquisas no deberán centrarse únicamente en la agresión sufrida, sino también en las denuncias o investigaciones que adelantaba la víctima como parte de su trabajo periodístico. La intención es determinar si existe relación entre los ataques y posibles actos de censura o retaliación derivados de la labor informativa.
Asimismo, la resolución adopta un criterio de “debida diligencia reforzada”, mediante el cual los fiscales estarán obligados a actuar “con celeridad, de manera exhaustiva y con rigor técnico, evitando dilaciones injustificadas y garantizando la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas”. Con esta disposición se busca elevar la efectividad de las investigaciones y disminuir escenarios de impunidad.
Además, el documento contempla acciones especiales para aquellos casos en los que exista un riesgo inmediato o inminente para la vida, la integridad personal o el ejercicio del periodismo. En tales situaciones, las autoridades deberán “priorizar la protección de la víctima, la verificación inmediata del riesgo y la activación de mecanismos de protección o que prevengan nuevas agresiones”.
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Otro aspecto relevante es la implementación de un enfoque diferencial que reconoce la calidad de periodista a partir del ejercicio mismo de informar, sin necesidad de acreditaciones formales. La norma también cobija a quienes realizan labores informativas en plataformas digitales y señala que cada investigación deberá considerar posibles efectos de intimidación o amedrentamiento.
El ente investigador pretende fortalecer los mecanismos de recepción, registro y direccionamiento de denuncias, garantizando una correcta identificación de la condición de la víctima y de la relación entre los hechos denunciados y su actividad periodística. Igualmente, se impulsará la coordinación entre dependencias y direcciones especializadas de la Fiscalía para facilitar el intercambio de información, realizar análisis conjuntos e identificar patrones criminales, evitando así que las investigaciones queden fragmentadas.
Finalmente, la Fiscalía estableció un canal permanente de diálogo con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de la libertad de prensa. La iniciativa busca fortalecer la prevención, brindar acompañamiento a las víctimas y obtener información que contribuya al avance de los procesos judiciales.
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