Mediante un pronunciamiento oficial emitido este martes 5 de mayo, la reconocida empresa de ropa interior y deportiva Lili Pink salió al paso de las recientes informaciones sobre las investigaciones que adelantan las autoridades nacionales en su contra.
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La firma fue enfática al señalar que, hasta el momento, no existe ninguna decisión judicial en firme que establezca responsabilidad penal o administrativa por los delitos de contrabando, lavado de activos o procesos de extinción de dominio.
Según la organización, las actuaciones actuales se encuentran en una etapa preliminar, lo que implica que los señalamientos difundidos no representan conclusiones definitivas de la justicia. La empresa sostuvo que está ejerciendo su derecho a la defensa y que las mercancías cuestionadas cuentan con sus respectivas declaraciones de importación y los soportes de pago que exige la ley.
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El abogado penalista Iván Cancino, apoderado de la compañía, reiteró que la situación legal de Lili Pink debe entenderse bajo el marco de una investigación en curso y no como una condena anticipada. Cancino explicó que la firma está vinculada a estos procesos, incluidos los de extinción de dominio, aunque fue enfático en señalar que el estatus jurídico de su cliente no ha cambiado ante la ausencia de un fallo ejecutorio.
“La compañía se encuentra vinculada a procesos que están en esta etapa de investigación y algunos de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna, y por lo tanto la presunción de inocencia sigue incólume”, afirmó el jurista.
Defensa de Lili Pink alega inconsistencias financieras y defiende transparencia en proceso judicial
Uno de los puntos clave en la defensa de Lili Pink es la denuncia de supuestas inconsistencias entre los valores financieros que han circulado públicamente y las cifras reales consignadas en los expedientes administrativos. La empresa indicó que estas discrepancias deberán ser aclaradas formalmente ante las autoridades competentes durante el desarrollo del proceso judicial.
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Asimismo, la defensa argumentó que todas las operaciones comerciales de la marca, tanto en Colombia como en sus sedes de América Latina, operan bajo el cumplimiento normativo.
En este sentido, señalaron que las actuaciones de la administración tributaria están siendo controvertidas en las instancias correspondientes para demostrar la transparencia de sus importaciones.
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Más allá del ámbito jurídico, la defensa de la compañía destacó el rol económico que desempeña la marca en la región, resaltando que actualmente genera más de 3.000 empleos directos. Este factor fue utilizado para solicitar un manejo prudente de la información y el respeto estricto al debido proceso para evitar afectaciones reputacionales injustificadas.
Finalmente, el abogado Iván Cancino hizo un llamado a la opinión pública para mantener la cautela frente a las interpretaciones del caso. El equipo legal aseguró que mantendrá una postura de transparencia y colaboración con la justicia.
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“A medida que conozcamos más hechos y que la Fiscalía nos entregue más elementos, haremos otros pronunciamientos”, concluyó Cancino.
