El Gobierno nacional buscará dialogar con el de Ecuador luego de que ese país anunciara que reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos, apenas cuatro días después de que entrara en vigor la tasa del 100 % impuesta por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
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“Buscaremos nuevamente hablar con ellos para, ojalá, poder restablecer las relaciones, reducir esos aranceles y volver al flujo comercial que teníamos”, expresó este lunes la canciller Rosa Villavicencio a periodistas.
La ministra señaló que el Gobierno nacional estuvo “siempre intentando hablar” con el de Ecuador y agregó que la decisión del país vecino de reducir los aranceles está motivada por “la situación interna de desabastecimiento y de necesidad económica y social”.
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El Gobierno de Ecuador anunció este lunes que reducirá al 75 % los aranceles que había subido el sábado al 100 % por decisión de Noboa al considerar que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no combate con contundencia el narcotráfico en la frontera.
La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, responde a la “apertura” del Gobierno de Ecuador de “avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad” para promover “una mayor articulación entre ambos países” y fortalecer “el desarrollo de la zona fronteriza”, según Quito.
Las tensiones entre los dos países se han intensificado en los últimos meses por los cruces de acusaciones entre ambos presidentes sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.
El Gobierno de Ecuador anunció en febrero la imposición de un arancel inicial del 30 % a varios productos colombianos, medida que fue ampliándose de forma escalonada hasta alcanzar el 100 % para un amplio grupo de bienes desde el 1 de mayo.
Ecuador justificó la medida en la necesidad de proteger su producción nacional y en cuestionamientos a la cooperación de Colombia para cuidar la zona limítrofe en la que proliferan distintos grupos de las disidencias de las Farc y bandas de narcotraficantes.
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Colombia ha manifestado su rechazo a estas medidas por considerarlas contrarias a los acuerdos comerciales vigentes en la Comunidad Andina y evaluado acciones diplomáticas y comerciales, incluida la posibilidad de acudir a mecanismos de solución de controversias y reforzar controles a importaciones, y aunque inicialmente respondió con aranceles, no los ha elevado al 100 %.
En medio de esas diferencias, los dos gobiernos llamaron a consultas el mes pasado a sus embajadores en Bogotá y Quito.
