La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá informó a sus usuarios que, debido a la “compleja situación financiera” que atraviesa, la prestación de sus servicios queda suspendida temporalmente.
“Nos permitimos informar que la IPS atraviesa una situación financiera compleja, originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios prestados”, se lee en un comunicado emitido por la entidad el pasado 30 de abril.
Agrega que esta situación ha generado limitaciones en su capacidad operativa, afectando la sostenibilidad de las actividades.
“En consecuencia, nos vemos en la obligación de suspender temporalmente la prestación de nuestros servicios, medida que adoptamos con el fin de proteger la estabilidad de la institución y garantizar la calidad de la atención en el futuro”, anunció la IPS.
Señaló que espera que la “situación se regularice en el corto plazo” con la cancelación de los pagos pendientes. “Podremos retomar nuestras actividades en un par de meses”, concluyó.

Esta medida se conoce días después de que el Instituto Nacional de Cancerología anunciara la suspensión de la atención de los afiliados de la Nueva EPS.
A través de un comunicado, el Instituto indicó que en la actualidad no tiene contrato vigente con la Nueva EPS. Lo que sí hay es una deuda por parte de la entidad promotora de salud que a corte del 31 de marzo de 2026 supera los $146.000 millones.
“Esto ha sido de conocimiento de las diferentes interventorías y, teniendo en cuenta que enfrentamos una situación límite, hemos programado un nuevo espacio de concertación con la actual interventoría”, se lee.
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Además, el INC aseguró que su personal médico “continúa atendiendo a los pacientes afiliados de la Nueva EPS como lo ha venido haciendo de manera ininterrumpida”. Precisó también que los pacientes que están en tratamiento activo seguirán recibiendo los servicios.
El Ministerio de Salud desautorizó dicha decisión, recordando que el instituto es una entidad adscrita a esta cartera ministerial y que, por lo tanto, no puede actuar “en contra de los lineamientos y parámetros emitidos por este Ministerio que, es preciso resaltar, siempre han sido dados en pro de la prevalencia de los derechos, así como de la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud a los pacientes”.
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La entidad ministerial enfatizó que en caso de que el instituto continúe con la decisión de no atender a los pacientes mencionados “procederá a interponer denuncia penal y queja disciplinaria ante los entes de control respectivos por la posible comisión del delito de prevaricato”.















