La muerte de Karelis Yenissa Merlano Viana, una profesional psicosocial de 48 años, ha sumido a Barrancabermeja en una profunda consternación y ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los centros de protección de menores. Lo que debía ser un entorno de restauración de derechos se convirtió, la noche del pasado jueves 9 de abril, en el escenario de un crimen que hoy tiene a cuatro adolescentes bajo custodia del Sistema de Responsabilidad Penal.
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La principal hipótesis que manejan las autoridades del Magdalena Medio sugiere que el ataque ocurrió durante un intento de fuga planeado por los adolescentes internos. Karelis, quien desempeñaba labores de acompañamiento y formación, fue agredida mortalmente mientras intentaba cumplir con su labor en el hogar de paso.
Tras el despliegue de operativos coordinados por la Policía, se logró la aprehensión de los cuatro sospechosos en distintos puntos del municipio. El último de ellos, un joven de 17 años, fue localizado horas después de la tragedia. La pieza fundamental para reconstruir la secuencia de los hechos ha sido el material de las cámaras de seguridad.
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Las grabaciones muestran el momento exacto en que los presuntos agresores abandonan el lugar tras el ataque. Ahora, con este material, los peritos trabajan en la identificación individual de responsabilidades para determinar el grado de participación de cada adolescente en el homicidio.
Más allá del hecho inmediato, el caso ha destapado una serie de denuncias sobre las condiciones de riesgo en las que laboraba la víctima. Alejandro Cabarcas, esposo de la psicóloga, ha denunciado públicamente lo que considera una “total irresponsabilidad” por parte de la entidad encargada del hogar.
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En diálogos con medios como RCN Radio y El Tiempo, Cabarcas reveló detalles inquietantes sobre el pasado laboral de Karelis: “Ya se había presentado una situación donde la habían intoxicado, había agresiones, tenía reportes, y la siguieron mandando para esa casa. Son cuatro jóvenes que tuvieron que haberla asesinado. Ya había una confrontación. Insistieron en seguirla mandando a ella a ese mismo hogar, no tenían la consideración de ubicarla”.
Mientras los adolescentes permanecen bajo custodia judicial, Barrancabermeja espera respuestas claras sobre por qué no se tomaron medidas preventivas ante las amenazas que la víctima ya había reportado.
