La Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública instaló la primera mesa interinstitucional con el propósito de “examinar de manera anticipada” los impactos jurídicos, económicos, contractuales y sociales derivados del proyecto de decreto topes VIS y VIP.
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Lo que se propone a través del borrador de decreto, publicado por el Ministerio de Vivienda, es un tope general del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), así como la idea de fijar su precio en pesos colombianos.
La mesa contó con la participación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Departamento Nacional de Planeación y los gremios del sector: Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) y Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).
La Procuraduría indicó que por su parte se reiteró durante la sesión la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos en curso, la estabilidad contractual del sector, la coherencia con la jerarquía normativa vigente y la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda, así como la protección efectiva de los hogares beneficiarios de programas VIS y VIP.
“Se acordó avanzar en mesas técnicas especializadas que permitan profundizar el análisis y evaluar alternativas regulatorias con sustento técnico y legal suficiente, evitando eventuales riesgos jurídicos, económicos o sociales que puedan afectar el interés general”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.
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Por último, señaló que continuará realizando seguimiento a este proceso regulatorio, con el propósito de garantizar decisiones ajustadas a la Constitución y la ley, preservar la seguridad jurídica del sector y actuar en defensa de los derechos de los beneficiarios de vivienda de interés social.
Cabe recordar que el proyecto de decreto fue publicado luego de que el Gobierno nacional definiera el aumento del salario mínimo para el 2026.
Dicho incremento, del 23,7 %, iba a suponer una subida en los precios de las viviendas de interés social y prioritario, que se definen en salarios mínimos.
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Por ello, la propuesta del Ministerio de Vivienda establece que las VIS y VIP ya no se venderán en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), sino en pesos colombianos, y que el valor quedará congelado desde el momento en que el comprador separe el inmueble o firme la promesa de compraventa.
El proyecto también busca frenar los aumentos abruptos que sufrieron algunos proyectos de viviendas inmediatamente subió el salario mínimo. Miles de familias ahora deben aportar 49 millones de pesos adicionales para no perder el cupo.
