La integración de dispositivos móviles en el entorno educativo ha generado últimamente un debate persistente en Colombia, oscilando entre su potencial como herramienta de consulta y su papel como distractor principal en el aprendizaje.
Esta discusión ha dejado de ser meramente teórica para transformarse en decisiones institucionales concretas, motivadas por la necesidad de proteger la salud mental y el rendimiento académico de los niños y jóvenes frente al avance constante de lo los expertos han llamado “hiperconectividad”.
Un hito clave en este proceso ocurrió en 2024, cuando la Unión de Colegios Internacionales (Uncoli), que agrupa a 27 instituciones de Bogotá, tomó la determinación de restringir el uso de celulares no solo en los salones de clase, sino también en las rutas escolares.
La asociación fundamentó esta medida en el impacto negativo que el uso excesivo de pantallas tiene sobre los menores. En su momento, Uncoli fue contundente al afirmar que la presencia de estos dispositivos “tiene efectos adversos sobre la salud mental, contribuye al desarrollo de comportamientos adictivos” y reduce significativamente la calidad de la interacción social, además de fomentar problemas como el acoso escolar y el ciberbullying.
Lea también: ¿Por qué apareció una cigüeña en sectores de Barranquilla? CRA explica las razones de su presencia
Los resultados de esta política comenzaron a verse reflejados un año después. Mediante el estudio titulado ‘Desconectar para conectar’, la asociación reportó una mejora evidente en la atmósfera escolar.
Se observaron asociaciones positivas relacionadas con el aumento en los niveles de atención y una mayor participación de los alumnos en las actividades académicas, al reducirse los focos de distracción que suelen representar las redes sociales y las notificaciones constantes.
Desde el punto de vista legal, estas decisiones se amparan en la Ley 2170 de 2021. Esta normativa dicta que, si bien el Ministerio de Educación Nacional debe formular las orientaciones técnicas para el uso de tecnologías en los colegios, cada institución tiene la responsabilidad de establecer mecanismos de “uso adecuado” dentro de sus manuales de convivencia.
Lea también: Modelo mexicana es señalada por la captura de ‘El Mencho’
La ley es clara al señalar que los colegios pueden, de forma excepcional y con el aval de su Comité de Convivencia y Consejo Directivo, restringir el uso de dispositivos en horarios o lugares específicos para salvaguardar el bienestar de los estudiantes.
Actualmente, en 2026, el Ministerio de Educación mantiene una postura de respeto hacia la autonomía de los colegios privados que han decidido implementar estas prohibiciones, reconociendo que el uso permanente de pantallas puede afectar el desarrollo psicosocial. No obstante, para el sector público, la cartera educativa ha optado por un camino de concertación.
Antes de aplicar una restricción generalizada en todo el país, el Gobierno promueve espacios de diálogo con rectores, docentes y padres de familia para definir los momentos exactos en los que se debe limitar la tecnología, garantizando que cualquier medida adoptada sea fruto del consenso y las necesidades particulares de cada comunidad educativa.
