La decisión de la Corte Constitucional de suspender de forma provisional el decreto de emergencia económica dejará consecuencias. Así lo advirtió el propio presidente Gustavo Petro, quien publicó en su cuenta de X que “por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará una crisis mayor” a la sociedad.
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Sin embargo, la consecuencia directa para el Gobierno es que tras la suspensión el decreto no podrá seguir recaudando nuevos impuestos.
Este decreto es quizá el más importante, pues es el que cobra los impuestos al amparo de la emergencia económica, como el del IVA al 19 % y el impuesto al patrimonio.
Además, la Sala Plena también tendrá que resolver el impedimento que radicó la magistrada Paola Meneses aludiendo a un posible conflicto de interés porque su esposo trabaja en Ecopetrol.
La magistrada explicó que su decisión de apartarse del estudio del caso obedece a la posible configuración de la causal de impedimento consistente en “tener interés en la decisión”. Esto es porque su esposo, Luis Fernando Lozano, se desempeña como Jefe Jurídico Administrativo y de Servicios de Ecopetrol.
Hay que recordar que con una votación de seis votos a favor y dos en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional apoyó este jueves la ponencia del magistrado Carlos Camargo que proponía suspender el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.
Tras esta decisión, el acto administrativo no seguirá vigente hasta que haya una decisión de fondo.
Los principales gremios empresariales del país se pronunciaron tras la decisión de la Corte. Amcham Colombia, la Andi y Analdex coincidieron en resaltar el alcance de la determinación del alto tribunal y su impacto en la economía.
Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), su presidenta, María Claudia Lacouture, destacó la actuación de la Corte y señaló que la suspensión evita que se materialice un recaudo elevado
“Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. Reconocemos el rigor e independencia de la Corte. Desde AmCham Colombia reiteramos que los hechos invocados son estructurales y previsibles y exigen soluciones permanentes, no medidas extraordinarias”, expresó.
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Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, calificó la decisión como importante, al tratarse de una medida preventiva para evitar afectaciones de gran escala en distintos sectores económicos.
En ese sentido, sostuvo que “no se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado un proyecto de ley tributaria o un, o una ley de financiamiento presentada por el Gobierno nacional”.
Mac Master agregó que el pronunciamiento del alto tribunal cobra relevancia constitucional, al advertir que, de no haberse suspendido el decreto, “se hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluyendo ciudadanos, muchos ciudadanos, incluyendo empresas, incluyendo departamentos, incluyendo municipios, que estaban siendo afectados por algunas de las decisiones tomadas con base en la emergencia económica”.
