La Fiscalía General de la Nación descartó que la muerte de 26 personas en zona rural de El Retorno, Guaviare, registrada a mediados de este mes de enero, haya sido consecuencia de enfrentamientos entre disidencias de las Farc, tras los primeros análisis forenses realizados a los cuerpos.
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De acuerdo con la Fiscalía, las inspecciones técnicas adelantadas por el CTI y la SIJIN de la Policía Nacional establecieron que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, un hallazgo que no corresponde a un escenario de combate armado.
“Las inspecciones técnicas a cadáver y otras actividades realizadas por personal del CTI de la Fiscalía y de la SIJIN de la Policía Nacional sobre los cuerpos de 21 hombres y 5 mujeres, preliminarmente dan cuenta de que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado”, señaló la entidad investigadora.
La Fiscalía precisó que continuará con estudios especializados de balística y toxicología para determinar si las personas fallecidas habrían sido sometidas a sustancias tóxicas antes de su muerte.
Avanza identificación de las víctimas en Medicina Legal
Los 26 cuerpos fueron trasladados desde áreas rurales de El Retorno hasta la sede de Medicina Legal en Villavicencio, una vez se garantizaron condiciones mínimas de seguridad para su salida del territorio. El ingreso correspondió a 21 hombres y cinco mujeres.
Para el proceso de identificación, el Instituto Nacional de Medicina Legal activó nueve equipos interdisciplinarios, integrados por personal de las seccionales Meta, Cundinamarca y la Dirección Regional Bogotá, con apoyo en áreas como radiología, odontología forense y lofoscopia.
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Una vez concluida esta etapa, se iniciarán los trámites administrativos y técnicos para la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, conforme a los protocolos aplicables a hechos asociados al conflicto armado.
Alertas humanitarias en Guaviare
La recuperación de los cuerpos se dio en el marco de una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo, con acompañamiento de la MAPP-OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Inicialmente, los hechos fueron asociados a choques armados entre estructuras disidentes comandadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.
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No obstante, la Defensoría advirtió sobre la posible continuidad de enfrentamientos en la región, con riesgos de desplazamientos, confinamientos y afectaciones a comunidades campesinas del municipio de El Retorno, especialmente en sectores como la vereda La Paz.
La entidad reiteró la obligación de los actores armados de cumplir el derecho internacional humanitario, en particular los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, para evitar daños a la población civil.
