La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) plantó su posición frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de compensar el déficit fiscal con recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias. Aseguraron que estos dineros no son excedentes ni son recursos disponibles.
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La organización sostuvo que los recursos de las concesiones, administrados a través de fiducias, son recursos que tienen una destinación específica, asociados a contratos vigentes, cuya finalidad es garantizar la ejecución de obras. “Su naturaleza jurídica y funcional es clara y está directamente vinculada al cumplimiento de obligaciones contractuales previamente adquiridas por el Estado”.
Negaron, además, que estos dineros sumen 18 billones, como mencionó el presidente en su alocución el pasado lunes 19 de enero. “Realmente los dineros que hoy están disponibles para el pago de las obras que se entregan gradualmente -a medida que se construyen los proyectos es de $6,5 billones, los cuales están debidamente administrados por las fiducias, justamente, para garantizar la cabal ejecución de las obras”, aclaró Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente Ejecutivo de la CCI.
Para la CCI marca un “punto de inflexión” que el jefe de Estado asegure que ante la eventual caída de la emergencia económica, el déficit fiscal podría compensarse con recursos provenientes de concesiones viales de cuarta y quinta generación. Para la cámara es una “señal inédita” que se vea a la infraestructura como variable de ajuste fiscal.
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“Esta aproximación representa un giro de fondo en la relación entre el Estado y el modelo de concesiones, y genera una señal de alta sensibilidad para la estabilidad jurídica y financiera del sector, especialmente en el contexto de decisiones y anuncios recientes que afectan proyectos ya contratados”, advirtieron.
También se refirieron al recorte de vigencias futuras en dos proyectos estratégicos: el Canal del Dique y la vía Mulaló-Loboguerrero. Advirtieron que la reducción de recursos, cercana a un billón de pesos, “compromete obras fundamentales para la competitividad, la seguridad hídrica, la conectividad del suroccidente y el comercio exterior”.
“Más allá de su impacto inmediato, estos recortes no solo debilitan la planeación de largo plazo y la confianza, sino que desconocen el ordenamiento jurídico que regula la obligación del gobierno de dotar de los recursos necesarios a estos proyectos”, agregaron.
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Para el gremio de la infraestructura estas señales del Gobierno nacional “ponen en riesgo la seguridad jurídica, la confianza inversionista y la estabilidad de un modelo que ha sido esencial para cerrar brechas, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida”.
