Las obras se llevarán a cabo en 15 departamentos y busca no solo garantizar condiciones dignas de habitabilidad, sino también fortalecer los espacios físicos donde se atienden a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Que los defensores públicos terminen el año sin recibir sus honorarios no es solo un problema administrativo; es un mensaje peligroso. Como si la defensa de derechos pudiera esperar, como si quienes garantizan el acceso a la justicia fueran prescindibles, como si la estabilidad económica de ellos y de sus familias no importara.
Iris Marín, defensora del Pueblo, indicó que el presupuesto fue definido por el Ministerio de Hacienda.
Con la entrada en vigencia de la reforma, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales.
Si no cumple con sus obligaciones contractuales y paga, el Gobierno condenará a la región a un retroceso ambiental y social por la parálisis del megaproyecto.