El ministro del Interior, Armando Benedetti, arremetió este jueves contra el grupo de gobernadores que se reúne en Bogotá, en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, para evaluar si aplican o no en sus departamentos algunas de las medidas del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro a finales de 2025.
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Los mandatarios de Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle y Antioquia coincidieron durante la reunión en no estar de acuerdo con varios puntos del polémico decreto.
A través de un video publicado en redes sociales, Benedetti consideró como un “mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley”, recordando que es la Corte Constitucional la que “tiene esa función”.
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“Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, sostuvo el ministro.
El pasado martes 13 de enero, luego de concluir el periodo de vacancia judicial, la Corte Constitucional avanzó en la definición de la hoja de ruta de uno de los expedientes más trascendentales del inicio de año: el control judicial a la emergencia económica y social.
El alto tribunal realizó el reparto del proceso y designó como magistrado ponente principal al cordobés Carlos Camargo Assis, quien tendrá a su cargo el estudio del decreto que dio origen al estado de excepción y deberá pronunciarse en los próximos días sobre la procedencia de una eventual suspensión provisional de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
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La determinación adquiere especial relevancia en medio de los cuestionamientos formulados por distintos sectores políticos y gremiales, que han advertido sobre un posible uso desbordado de las facultades extraordinarias del presidente, particularmente en asuntos tributarios que, según señalan, corresponden de manera exclusiva al Congreso de la República.
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés González asumió la ponencia del Decreto Legislativo 1474, relacionado con la adopción de medidas fiscales orientadas a financiar la emergencia.
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En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró “el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia” de ese documento.
El Ejecutivo señala que con esta declaratoria, con la que podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes, busca enfrentar “la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales” por una “situación fiscal que adquirió el carácter de grave”.
