La Defensoría del Pueblo ve con buenos ojos el reciente acercamiento del Clan del Golfo y el Gobierno nacional en Catar donde se logró la creación de tres zonas especiales en el norte y oeste del país para ubicar temporalmente a combatientes de este grupo armado.
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“La Defensoría destaca el refuerzo del acompañamiento internacional al proceso y el establecimiento de un Mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación de los acuerdos”, destacó la entidad resaltando que los logros más importantes son el no reclutamiento, el componente ambiental, la no interferencia en los procesos electorales, la migración y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
La entidad saluda las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), pero advierte que esto se traduzca en “garantías efectivas para la transición completa hacia la paz y respeto absoluto de los derechos de las comunidades y las víctimas en los territorios priorizados, es fundamental precisar los objetivos, condiciones de funcionamiento y cronograma de las ZUT”.
Precisan que se deben adoptar para garantizar la seguridad, la no estigmatización y la no cooptación o instrumentalización de las comunidades que habitan el territorio donde se ubique la ZUT o los territorios cercanos. “Mientras que el grupo continúe en armas se debe mantener la protección y autonomía de la población civil, para garantizar estrictamente el principio de distinción”.
Destacaron el proceso de socialización al interior de la estructura sobre el proceso sociojurídico y las ZUT, instaron al Ejecutivo a desarrollar procesos de pedagogía pública en los municipios priorizados, pero especialmente en los tres municipios donde se proyecta el establecimiento de ZUT, y a adelantar acciones de pedagogía con las comunidades sobre el proceso de paz.
“Es indispensable que tanto los procesos de pedagogía sobre los avances del proceso, como el establecimiento y funcionamiento de los grupos de trabajo, cuenten con la participación efectiva de las autoridades étnico- territoriales, con reconocimiento y respeto de sus formas de gobierno propio y derechos constitucionales. El Gobierno Nacional debe, además, dar respuesta a las demandas presentadas de manera reiterada por las autoridades étnico-territoriales del Chocó, en ese mismo sentido”, acotaron.
Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, las primeras ZUT
Las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) empezarán a funcionar el 1 de marzo de 2026 en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó (oeste), y en Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba, señala una declaración conjunta firmada en la capital catarí por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez, entre otros.
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El Gobierno inició las conversaciones formales con el Clan del Golfo en septiembre pasado en Doha, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.
En esa primera ronda de diálogos, las partes acordaron una etapa inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo: Mutatá, en Antioquia (noroeste), y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.
Los nuevos compromisos adoptados este viernes amplían esas acciones piloto a otros diez municipios: Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (en Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (en Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (en Bolívar).
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Sobre la creación de las tres ZUT, el Gobierno y el Clan del Golfo acordaron que la ubicación será “gradual y progresiva” y se comprometieron a “adoptar las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes” durante su desplazamiento, “incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición”.
El Ejecutivo también asumió el compromiso de hacer las acciones humanitarias necesarias para conocer las “condiciones de salud y dignidad” de los integrantes del Clan del Golfo recluidos en cárceles del país y del exterior.
