La tensión en la Corte Constitucional se incrementó por cuenta de la carta enviada por el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño a sus colegas de la Sala Plena, en la que expresó su inconformidad frente al trámite de la recusación en su contra.
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La solicitud fue presentada por la senadora Paloma Valencia, quien pidió que Carvajal se aparte del estudio de la reforma pensional por un presunto conflicto de interés, debido a que antes de su nombramiento en la Corte emitió conceptos técnicos para Colpensiones sobre la Ley 2381 de 2024.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente del alto tribunal, es quien adelanta el trámite del incidente de recusación.
Carvajal advierte irregularidades en el proceso
En una misiva de siete páginas, el magistrado Carvajal aseguró que el procedimiento seguido por su colega es “anómalo” y desconoce las reglas mínimas del debido proceso.
Según expuso, por primera vez en la historia de la Corte se interrumpió el término de traslado probatorio para incluir actuaciones “sin sustento legal”, entre ellas la descalificación de pruebas y la exigencia de requisitos técnicos no contemplados en la ley.
El magistrado se refirió especialmente al auto del 6 de noviembre de 2025, expedido por el despacho de Ibáñez, en el que se concluyó que los documentos aportados por Colpensiones no cumplían con los estándares de autenticidad e integridad digital exigidos por la normativa procesal, al haberse remitido como imágenes sin metadatos verificables.
“Pruebas para probar lo probado”
Carvajal rechazó de manera categórica esa posición. Argumentó que los documentos cuestionados fueron elaborados y firmados por él mismo cuando trabajaba como contratista de Colpensiones, que fueron reconocidos como auténticos por la entidad y que además están disponibles en el SECOP, la plataforma pública de contratación estatal.
El magistrado sostuvo que exigir nuevas verificaciones sobre su autenticidad constituye una violación al principio de buena fe y al debido proceso. En sus palabras, se estaría pidiendo “probar lo probado”.
Asimismo, advirtió que el presidente de la Corte, en su papel de sustanciador, podría estar “arrogándose facultades propias de las partes”, lo que a su juicio lo convertiría en juez y parte, afectando la imparcialidad del trámite y generando una “dilación injustificada”.
Llamado a la prudencia institucional
En otro de los apartes del documento, Carvajal expresó su preocupación por el manejo público que se le ha dado a su caso.
“El respeto por el buen nombre y la dignidad de los integrantes de esta Sala es un deber de cada uno de nosotros para con la Corporación […] La segunda preocupación es el rigor que la Corte y sus funcionarios deben guardar en el manejo de la información ante los medios de comunicación”, señala la carta.
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Finalmente, el magistrado pidió a la Sala Plena resolver cuanto antes la recusación para permitir la reanudación del estudio de la reforma pensional, proceso que permanece suspendido mientras se define su participación en el caso.
La reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro busca transformar el sistema de ahorro individual y de reparto en un modelo de pilares.
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El proyecto fue aprobado por el Congreso en 2024 y actualmente enfrenta varias demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que deberá determinar si la norma se ajusta o no a la Carta Política.
Esta fue la carta enviada por el magistrado Héctor Alfonso Carvajal a la Corte Constitucional:
