El pasado martes 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una sentencia a los siete exjefes del secretariado de las Farc, la cual consiste en ocho años de sanciones restaurativas, que incluyen la búsqueda de personas desaparecidas, reparación simbólica, desminado, y acciones para la recuperación del medioambiente. A pesar de esta determinación, los exmiembros de las extintas Farc podrán participar en política.
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En el caso de Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, senadores del Partido Comunes, movimiento que nació con el Acuerdo de Paz y en el que hoy militan varios de los exjefes de la guerrilla que están siendo condenados por los delitos de secuestro, podrán conservar su curul en el Congreso si logran reelegirse en 2026.
Cabe destacar que los congresistas, que pertenecieron a la cúpula de las extintas FARC, asumen ante la justicia transicional su responsabilidad en el secuestro como una ‘táctica de guerra’, reconociendo crímenes contra la humanidad. Sin embargo, no irán a la cárcel y por el contrario deberán cumplir las labores restaurativas, que prevalecerán sobre sus actividades políticas.
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También hay que señalar, que ambos senadores pueden ser candidatos en el ciclo electoral del 2026, pero ya no tendrán los diez escaños que el acuerdo de paz les garantizó en los últimos dos periodos legislativos, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
La pérdida automática de estos escaños se debe al decreto publicado en julio por el Gobierno de Gustavo Petro, que eliminó el parágrafo transitorio del Decreto 1066 de 2015 que aseguraba su participación en el Legislativo.
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Es de indicar que desde su primera participación en 2018, el Partido Comunes no logró consolidar un apoyo significativo en cuanto a los votos; no obstante, este año obtuvo 52.532 votos para Senado (0,34 %) y 32.636 en la Cámara (0,21 %).
