Doce exmilitares que reconocieron haber participado en asesinatos y desapariciones forzadas en el norte del país serán sentenciados este jueves por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos días después de emitir las primeras condenas contra el último mando de la antigua guerrilla de las FARC por los secuestros.
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La JEP concluyó que los exmilitares, que integraron el Batallón de Artillería La Popa, con jurisdicción en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira, tuvieron “un rol esencial en un plan criminal que presentó asesinatos y desapariciones forzadas como falsas bajas en combate en esta región del país”.
Los hechos investigados ocurrieron entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, periodo durante el cual los exmilitares fueron responsables de 135 asesinatos en 77 hechos delictivos, que además causaron otras 192 víctimas indirectas.
“La JEP documentó una afectación multidimensional que se extendió a los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como falsas bajas en combate”, señaló ese tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y las FARC.
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Estos crímenes, llamados coloquialmente ‘falsos positivos’, consistían en reclutar mediante engaños a civiles que luego eran asesinados para luego ser presentados como guerrilleros muertos en combate y, de esta forma, los implicados presentaban resultados por los que obtenían condecoraciones o permisos.
Esta investigación, llamada ‘Subcaso Costa Caribe’, hace parte del macrocaso 03 de la JEP sobre “asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, uno de los once casos abiertos por este tribunal para investigar los crímenes del conflicto armado colombiano.
Como parte del macrocaso 03, la JEP estableció en 2021 que “por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el país entre 2002 y 2008”.
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Connivencia con paramilitares
Según la JEP, sin la participación de los doce exmilitares del Batallón La Popa que reconocieron su responsabilidad “estos crímenes no se habrían podido cometer ni mantener en el tiempo” en la costa atlántica del país.
La investigación encontró dos patrones de conducta en estos casos: “asesinatos ocurridos en el marco de una relación de connivencia entre los miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares que operaban en la zona” y “asesinatos de personas en situación de vulnerabilidad”.
Por esa razón los comparecientes serán sancionados con penas restaurativas por crímenes de lesa humanidad (desaparición forzada, asesinato, tortura y persecución) y de guerra (homicidio de persona protegida).
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Los implicados, miembros del Ejército ya retirados del servicio activo, son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez, y los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez.
Completan la lista los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia, José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas, y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
La justicia transicional prevé sanciones de carácter restaurativo que implican restricción de la libertad pero no penas de cárcel, combinadas con trabajos de contenido reparador en beneficio de las víctimas. Estas sanciones tienen una duración de entre dos y ocho años de duración, dependiendo del grado de responsabilidad, para quienes reconozcan oportunamente su participación en los crímenes.
En la primera sentencia de la JEP, divulgada el pasado martes, condenó a penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos” como “máximos responsables de la política criminal de secuestro” a siete integrantes del último mando de las FARC, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño.
Los comparecientes que no reconozcan su responsabilidad en los crímenes que se les imputan, aunque la JEP tenga pruebas en su contra, enfrentarán juicios adversariales en los que pueden ser condenados a penas de 15 a 20 años de cárcel.
Es el caso del coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía, quien fue comandante del Batallón La Popa durante la época en que se cometieron los crímenes y, aunque fue hallado “máximo responsable (...) en el asesinato de 75 personas”, no reconoció su participación y por eso en septiembre de 2024 se le inició un juicio cuya sentencia debe ser dictada el mes próximo.
