El Grupo Keralty exigió este lunes al Gobierno nacional el “cumplimiento inmediato” del fallo proferido por la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención de 17 meses a la EPS Sanitas, calificada por la empresa como “arbitraria”.
“Hoy, tras tres años de lucha -diecisiete meses de ellos bajo una intervención ilegal, arbitraria y profundamente injusta, fruto de una persecución institucional que nunca debió suceder- la Corte Constitucional ha restituido lo que nos fue arrebatado”, aseguró a través de un comunicado.
Asimismo, Keralty señaló: “Este fallo histórico no solo reconoce la ilegalidad de la intervención a EPS Sanitas, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.
El Grupo Keralty agradeció a la justicia colombiana por el fallo a su favor, y aseguró que con esto “se ha reafirmado el Estado de Derecho frente a la arbitrariedad”.
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Insistió en que “la intervención no fue un error administrativo, sino un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, se lee en el comunicado.
De igual manera, Keralty señaló que a pesar del fallo, “este no es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado”, haciendo referencia a los “pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos”.
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La empresa tildó las acciones del Gobierno como improvisadas, carentes de planificación y desprovistas de humanidad.

¿Cuáles son los puntos que exige el Grupo Keralty?
Keralty señaló este lunes, a través de un comunicado, los siguientes puntos clave, que exige de manera inmediata al Gobierno nacional, tras el fallo de la Corte sobre Sanitas:
- Cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional. Este mandato es un imperativo legal y moral, cuya desobediencia sería un nuevo atentado contra el Estado de Derecho.
- Reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a nuestra red de atención, a nuestros equipos profesionales y, sobre todo, a los millones de usuarios afectados, quienes merecen justicia y dignidad.
- Cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS, conforme lo ordena la ley, asegurando la continuidad y calidad del servicio de salud.
- Cese definitivo de las campañas de desinformación que aún persisten, diseñadas para sembrar división, miedo y desconfianza en la sociedad colombiana.