La investigación del caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá el pasado 7 de junio, continúa revelando datos que aumentan la preocupación en las autoridades por una posible estructura criminal de mayor alcance.
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Esta semana se conoció que el celular del menor de edad capturado por el ataque contra el congresista contenía información que ha llamado la atención de los investigadores, incluyendo imágenes de otros altos funcionarios del Estado.
Según información obtenida y revelada por ‘Noticias RCN’, el teléfono móvil del joven implicado tenía al menos 30 fotografías del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y una imagen de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
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Por ahora, no se ha esclarecido el motivo por el cual esas fotografías estaban almacenadas en su dispositivo, pero el hallazgo ha encendido alarmas sobre posibles planes para atentar contra estos funcionarios o vigilancias previas a otras figuras públicas.
Ahora bien, vale la pena recordar que el celular en cuestión no fue encontrado durante la captura del menor, lo que generó interrogantes en los primeros momentos de la investigación.
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Inicialmente, se reportó que el joven sí llevaba un teléfono consigo; sin embargo, luego se corroboró que el dispositivo en su poder —con el cual se había estado comunicando con alguien minutos antes del ataque—no era el suyo, sino que pertenecía a alias el Costeño, señalado como cabecilla de la banda que lo habría contratado para cometer el crimen. El teléfono real del menor fue localizado horas después durante un allanamiento en su vivienda.
En versiones entregadas a las autoridades, el menor habría confesado que recibió una oferta de 20 millones de pesos a cambio de disparar contra el senador del partido Centro Democrático. Sin embargo, también aseguró que se sintió traicionado tras el ataque.
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“A mí me iban a matar en esa vuelta”, relató durante un testimonio ante las autoridades. El joven señaló que, al parecer, el plan consistía en dejarlo solo tras el atentado, probablemente para que fuera abatido por la seguridad del senador.
Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de que el ataque no fue una acción aislada, sino una operación orquestada por una estructura organizada que empleó a varios actores con funciones específicas.
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De hecho, la periodista Darcy Quinn reveló este viernes que las autoridades han identificado al menos diez personas involucradas en la planeación y ejecución del ataque. Según sus fuentes, el costo total de la operación habría oscilado entre 800 y 1.000 millones de pesos.
Uno de los nombres que ha cobrado relevancia en el proceso judicial es el de Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela. Con tan solo 19 años, fue capturada en el departamento del Caquetá y está siendo procesada como presunta responsable de haber entregado el arma utilizada en el atentado. Durante las audiencias, su actitud ha llamado la atención tanto de los asistentes como de la jueza a cargo.
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“Queda en evidencia la frialdad que el joven sicario y la joven Katerine han tenido en el desarrollo de las diligencias. A ella se le ve tranquila cuando se baja del vehículo en Modelia, parece que fuera a una cita con la felicidad, a pesar de que puede estar detrás de esto una organización criminal grande. Se denota el alto desprecio por la vida”, expresó la jueza en una de las sesiones.
Por ahora, las autoridades continúan avanzando en la identificación de los responsables intelectuales y logísticos de esta operación, mientras aumentan las preocupaciones por la posible existencia de una red criminal con capacidad de infiltrar jóvenes en actos violentos y de inteligencia.
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La Fiscalía y la Policía mantienen bajo reserva parte de la información recolectada, a la espera de nuevas capturas y pruebas que permitan desmantelar completamente la estructura detrás del atentado.
