Buscamos limpiar el nombre de nuestros familiares'. Esa es la voluntad a la que varias personas, en los últimos años, se han aferrado en busca de justicia para sus seres queridos; en concreto, para 127 personas que entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005 fueron asesinadas en el norte de Cesar y en el sur de La Guajira, mediante la modalidad de los ‘falsos positivos’.
Los principales perpetradores de estos crímenes habrían sido 15 miembros del Ejército, específicamente, integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, de Valledupar. 12 de estos militares asistirán este 18 y 19 de julio a la audiencia de reconocimiento de verdad, luego de que fueran imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada.
Laura Piña Díaz es una de esas víctimas que desea 'limpiar' el nombre de su padre, Álvaro Piña Londoño, un taxista y pintor automotriz de Barranquilla, quien 'fue engañado por varios militares' y llevado a Valledupar el 1 de marzo de 2005.
'Yo iba a cumplir 14 años cuando me arrebataron a mi papá. Recuerdo que fueron muchos días de angustia para mi familia. Empezaron a publicar carteles en la prensa notificando su desaparición', cuenta la joven a EL HERALDO.
Transcurrieron 8 meses y la familia estaba sumida en la desesperación al no saber qué le había ocurrido a Álvaro, quien para la fecha tenía 35 años. 'Un día en el periódico una tía leyó que varios guerrilleros murieron en combate, la nota estaba acompañada de una fotografía: había un hombre tirado en el suelo con varios disparos en el rostro: ella dijo que ese era mi papá', relata la joven.
En ese momento, la tía de Laura inicia los trámites y le manifiesta a las autoridades que ese era su hermano, le realizan un cotejo de huellas y demás estudios hasta que determinaron que se trataba, en efecto, de su familiar.
'¿Cómo que era guerrillero? Era la pregunta que no cabía en las mentes de aquella familia. Nadie entendía nada. Mi papá era un civil, un obrero, un trabajador', explica Laura, quien hoy tiene 30 años y cursa estudios de trabajo social en la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla.
'Todo un caos'
Los parientes de Álvaro iniciaron un tortuoso camino ante las autoridades para intentar conseguir respuesta. 'Todos los entes: Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y hasta la Justicia Penal Militar nos cerraron las puertas. Mi papá, para ellos, era un guerrillero que había muerto en combate'.
'A los 18 años sentí la necesidad de reconstruir la vida de mi papá', asegura Laura, quien desde entonces ha estado involucrada con todos los trámites que se surten con relación a este episodio de la historia de la guerra en Colombia.
En las diligencias previas a la audiencia, varios de los militares le dijeron a la familia que Álvaro Piña fue ubicado por un grupo especial (Trueno y Zarpazo), que reclutaba a personas de la vida civil para trasladarlas a Valledupar.
'Nos dijeron que a mi papá se lo llevaron con una promesa de trabajo, pero a él se lo reclutaron en pantaloneta y varios de los militares contaron que él pedía que lo dejaran comunicarse con su familia. A él lo asesinan pocos días después de que se lo llevaran', detalla la joven.
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¿Quiénes los reclutaron?
Otro de los casos relacionados con estos crímenes lo padeció la familia Pacheco Hernández, de Baranoa, Atlántico. Katherine Pacheco relata a EL HERALDO que el 26 de abril de 2005, su hermano, Deivis de Jesús, de 17 años, junto con dos jóvenes más fueron llevados bajo engaños a La Paz, César.
'A ellos se los llevan de Baranoa con una promesa de trabajo, pero todo resultó siendo una mentira. Al día siguiente que se los llevaron los asesinaron', asegura la mujer, quien señala que a la fecha desconocen quiénes fueron las personas que reclutaron a su hermano y a los otros dos jóvenes'.
La pariente de Deivis explica que en varias audiencias de la JEP, un militar les dijo que fue a buscarlos por órdenes del teniente de apellido Vergara. 'Él nos dijo que los buscó en un carro a Baranoa, después los subió en un bus en la terminal y se los llevó a Valledupar y allá se lo entregaron a un tal alias Mario de las AUC, y posteriormente los asesinan.
'Mi mamá se enteró 6 meses después del crimen por la Fiscalía, quien pasa el reporte al municipio. Ella se fue para allá y nadie supo decirle nada. Solo que era guerrillero. Nosotros esperamos saber en las audiencias quién fue el organizador de ese caso, eso nos daría mucha tranquilidad', asegura la mujer.
Los hallazgos de la JEP
A través del Caso 03, conocido como el de ‘falsos positivos’, la Sala de Reconocimiento de Verdad avanza 'en el esclarecimiento y juzgamiento' de los crímenes cometidos por los agentes de Estado que habrían presentado a más 6.400 colombianos como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran. En la primera fase de esta investigación, la JEP priorizó seis zonas del país, entre ellas la Costa Caribe.
La JEP identificó un primer patrón criminal donde asesinaron a personas señaladas de ser integrantes de grupos armados o delincuentes comunes sin contar con información que verificara los señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno. Estas acciones se dieron en el marco de una alianza con los paramilitares de la zona.
El segundo patrón estuvo relacionado con homicidios a personas vulnerables. Las víctimas eran escogidas porque presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte y las engañaron con promesas de trabajos para asesinarlas. Este patrón respondía a la presión por resultados en medio de la desmovilización de paramilitares.
Al contrastar la información, la JEP determinó que cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en los crímenes. En calidad de autores mediatos son: los tenientes coroneles Publio Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón La Popa entre 2002 y 2003, y Juan Figueroa Suárez, quien lo sucedió entre 2004 y 2005.
Del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez. Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar.
Entre los convocados también están: Alex Mercado Sierra, Carlos Lora Cabrales, Eduart Álvarez Mejía, Efraín Perea, Elkin Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Gómez Naranjo, José Rueda Quintero, Juan Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Gómez Coronel.
Vale destacar que Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Figueroa y José Ruiz Mahecha, no reconocieron su responsabilidad por los hechos y sus casos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación para dar trámite 'al proceso adversarial' de ser vencidos en juicio se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel.
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Un largo recorrido de 4 años en la JEP
Lina Hurtado Valero, abogada del equipo de justicia transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que representa a varias víctimas, señaló que la trascendencia de esta audiencia radica en que se surte otro capítulo de un proceso que lleva 4 años en la JEP.
'Esta es una primera culminación de un proceso muy largo que arrancó en 2018 con la apertura del Caso 03 y que pasó por la acreditación y reconocimiento de las víctimas. Tuvimos más de 50 audiencias previas, dimos las observaciones, comentarios y reacciones. Hasta la promulgación del auto 128 de 2021 de la JEP en el cual se imputaron a los máximos responsables por estos crímenes', explicó la abogada.
Surtida esta audiencia de reconocimiento, las víctimas harán sus observaciones, posteriormente la JEP emitirá la resolución de las conclusiones y posteriormente las respectivas sanciones propias y de los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador.
