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Se entregaron dos implicados en el ‘cartel del comparendo’ en Valledupar

De acuerdo con la Fiscalía, por conceptos de multas derivadas de las infracciones, el municipio habría dejado de recibir $3 mil millones. 

Con la entrega ante el CTI de dos implicados más en el llamado ‘Cartel Comparendo’ en la Secretaría de Tránsito de Valledupar, avanza la investigación sobre los presuntos actos de corrupción adelantados por funcionarios y particulares en esa entidad. En total, son siete los procesados, quienes habrían incurrido en acciones fraudulentas para apropiarse de una millonaria suma de dinero.

A la captura de la inspectora de Tránsito, Julieta Hinojosa; de Letzzy Carolina González Oñate, secretaria ejecutiva; Margarita Rosa Cartagena Guerra, contratista; Amparo de Jesús Estrada Arias, secretaria; y Odacyr Montenegro, auxiliar administrativo, se suman las de los tramitadores Tatiana Isabel Cuello y William José Redondo, estos últimos se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades.

Todos son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y falsedad en documento público.

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De acuerdo con la investigación,  “durante un período comprendido entre 2016 y 2020 al parecer los funcionarios se concertaron entre sí y con particulares que se desempeñaban como tramitadores externos de la secretaría municipal de Tránsito de Valledupar Cesar, entre ellos, Tatiana Isabel Cuello y William José Redondo, con el propósito de utilizar esa entidad como el escenario propicio para realizar diversos actos de corrupción”.

 Asimismo, declara la indagación: “incurrir en conductas punibles, con permanencia en el tiempo, toda vez que desde sus funciones y roles, habrían pretermitido el ingreso o cargue de las ordenes de comparendo en los sistemas de información  Civitrans, Simit y Runt,  provocando intencionalmente múltiples caducidades de acciones contravencionales y prescripciones de acción de cobros de sanciones impuestas”.

De igual manera, —dice la Fiscalía— habrían omitido el ingreso y actualización en el Runt de las órdenes de embargo de vehículos autorizados por los jueces de la República de diferentes distritos judiciales, pero también al parecer eliminaban, borraban o modificaban arbitrariamente información debidamente cargada en esa plataforma.

En cuanto a los tramitadores, presuntamente intervinieron en la mayoría de los procesos y trámites de esa entidad, teniendo como función la de reclutar o captar a potenciales usuarios del servicio o clientes, a quienes les ofrecían sus servicios para gestionar antes sus aliados, los funcionarios, todo tipo de trámites y actuaciones, legales e ilegales y lo hacían a cambio de sumas de dinero, exigidas y concertadas, las que finalmente se distribuían entre estos y los servidores públicos vinculados a la organización. 

Estos servidores al parecer exigían cuantiosas sumas de dinero que realizaban los usuarios del servicio y en otros casos las aceptaban por ofrecimiento directo que hacían los usuarios, en los trámites de traspaso, des-pignoración, duplicados de licencia de tránsito, duplicados de placas, etc. 

Se estima que entre 2016 y 2020, el municipio de Valledupar dejó de percibir por conceptos de multas derivadas de las infracciones al Código Nacional de Tránsito, más de $3.000 millones. 

En audiencias preliminares se desarrolló la legalización de captura de los siete implicados.   

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