La tensión entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes volvió a estallar. El nuevo capítulo de las diferencias entre el ejecutivo y la rama judicial se produjo luego de que el Consejo de Estado decidiera suspender los efectos del Decreto 415 del 20 de abril del 2026, que reglamentaba el traslado de recursos desde el régimen de ahorro individual con solidaridad hacia el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones.
El mandatario, al igual que todo su gabinete, no dudó en lanzar palabras de grueso calibre contra la autonomía del tribunal, al que calificó de tomar decisiones inconstitucionales. El jefe de Estado, en cólera por este freno a su plan de gobierno, fue más allá y anunció que pedirá una denuncia penal por prevaricato contra el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, de la Sección Segunda del Consejo de Estado. La declaración no cayó nada bien en diferentes sectores del país y hasta el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se apartó de la postura oficialista.
“El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano”, señaló Petro en su momento.
Renglón seguido, el mandatario aprovechó para invitar a sus bases a manifestarse en contra de estas decisiones en las elecciones del 31 de mayo, lo que es visto como expertos y sectores políticos como una postura populista y meramente con carácter político.
Además, insistió en la importancia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
“El pueblo trabajador debe decidir sobre el poder, no solo sobre el Gobierno. El pueblo es el soberano y fuente de todo poder”, concluyó Petro.
Dimes y diretes
La respuesta de las instituciones fue rápida y coordinada, algo poco común en este tipo de episodios. En cuestión de horas se pronunciaron distintas instancias de la Rama Judicial, entre ellas la Sección Segunda y la Sala Plena del Consejo de Estado, así como la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. A las voces de respaldo también se sumaron el procurador Gregorio Eljach, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y asociaciones de jueces y magistrados. Incluso, la CEJ anunció acciones ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, con el objetivo de solicitar medidas de protección para el magistrado Bedoya Escobar y para la autonomía de la Rama Judicial.
“La CEJ rechaza que el jefe de Estado utilice términos como ‘robo’ al referirse a la aplicación estricta de la ley por parte del Consejo de Estado. Sostener que una decisión judicial respalda el hurto de fondos de quienes aportan al sistema de pensiones no solo es un exceso, sino también una acusación institucional que pone en peligro la seguridad de los magistrados y debilita la confianza en el Estado de derecho”, indicó la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
El Consejo de Estado, por su parte, aseguró que el “tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido”.
No obstante, advirtieron que “cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos. El control judicial de los actos del poder Ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”.
Además, laComisión Interinstitucional de la Rama Judicial exigió respeto por el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.
“En un Estado democrático, el respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado. Fue justamente el poder constituyente el que instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, en el artículo 113, el principio de separación de poderes”, manifestaron.
Choques dañinos
En este sentido, para Juan Nicolás Garzón, analista y profesor del programa de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana, el episodio refleja una nueva escalada en la confrontación entre el Ejecutivo y las cortes.
“Lo que sí creo es que, evidentemente, no es algo deseable ni habitual dentro de una democracia: un presidente demandando penalmente a magistrados, salvo que existan circunstancias muy excepcionales. Esto se enmarca, más bien, en una serie de controversias y tensiones que hemos visto entre el Gobierno y las altas cortes, especialmente cuando estas han frenado o cuestionado decisiones e iniciativas del Ejecutivo. En ese sentido, estamos frente a un nuevo episodio de confrontación entre poderes. Y aunque esas tensiones pueden terminar debilitando la confianza ciudadana en las instituciones o deslegitimándolas ante ciertos sectores, también reflejan que en Colombia siguen funcionando los pesos y contrapesos del sistema democrático.
Esa es, precisamente, la lectura que hago: más allá de las dificultades, de las falencias o de los cuestionamientos que puedan existir, las instituciones continúan operando y los distintos poderes del Estado mantienen capacidad de control mutuo”, explicó.
Garzón también llamó la atención sobre otro elemento que empieza a tomar fuerza en el debate político: las propuestas de sectores cercanos al petrismo –en plena época electoral– para reformar las altas cortes.
”Hay otro elemento que no se puede pasar por alto. En el caso del proyecto político del presidente Petro, cuyo candidato de continuidad sería Iván Cepeda, ya hemos escuchado declaraciones e incluso propuestas orientadas a reformar profundamente instituciones como el Consejo de Estado. Por supuesto, eso no podría hacerse simplemente por voluntad presidencial, pero sí podría abrir un nuevo escenario de tensión entre un eventual gobierno y las altas cortes. Si Cepeda llegara a la Presidencia, podría intentarse una reforma de esa rama del poder público, y ese sería otro debate de enorme profundidad institucional que seguramente merecerá un capítulo aparte”.
Por su parte, Wilson Ruiz, exministro de Justicia, consideró que “hay temas que un presidente debería manejar con absoluta prudencia, y uno de ellos es el sistema pensional”.
“El choque entre Gustavo Petro y el Consejo de Estado deja una señal inquietante para el país. No basta con cuestionar un fallo judicial. Ahora también se señala públicamente a magistrados y se promueven denuncias penales contra quienes toman decisiones contrarias al Ejecutivo. Esa es una línea extremadamente delicada para cualquier democracia.
Pero el mensaje que se está transmitiendo desde la Casa de Nariño parece ser otro. Cada vez que una corte pone límites, inmediatamente se intenta presentar a los magistrados como enemigos del pueblo o defensores de intereses particulares”, explicó el abogado.
