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Condenan a médico implicado en el ‘cartel de las pensiones’ en Valledupar

Carlos Montero Araujo, hacía parte de la Junta Regional de Calificación del Cesar, a través de la cual se expedían certificaciones médicas falsas.

A 40 meses de prisión, sin beneficio de detención domiciliaria, fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar, el médico Carlos Montero Araujo, implicado en el llamado ‘cartel de las pensiones’. 

De acuerdo con la Fiscalía, a través de la extinta Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, profesionales de la salud fabricaban certificaciones médicas falsas para adelantar las pensiones a empleados de compañías mineras y otras empresas de la región con lo que defraudaron a fondos privados de pensiones, a Colpensiones, y aseguradoras y el sector financiero, por un monto superior a los 90 mil millones de pesos. 

Carlos Arturo Montero, exintegrante de esa Junta, aceptó su participación en el ilícito, llegando a un pre-acuerdo con la Fiscalía, dada la contundencia de las pruebas, entre las que se encuentran audios de interceptaciones telefónicas por orden judicial que revelan la apropiación ilegal de dineros que pagaban los aspirantes a jubilarse anticipadamente. Montero fue acusado por el delito de peculado por apropiación agravado. 

La investigación se inició en abril de 2016, luego de un escrito anónimo que recibió la Fiscalía, en el que se detallaba cómo en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar se elaboraban dictámenes por pérdida de capacidad laboral espurios para que trabajadores de compañías privadas como Drummond, Cerrejón, Prodeco, entre otras, obtuvieran la pensión, especialmente con diagnósticos de patologías psiquiátricas, por lo que también fue llamado el ‘cartel de los locos’. 

“Cada paciente o los trabajadores de estas empresas mineras siempre tienen todo tipo de seguros, inclusive seguros de vida, protección a la ARL, cada vez que se presenta cualquier tipo de patología lo primero que ellos tienen en primera instancia son las EPS y las ARL con médicos analistas que califican su estado de salud, pero resulta que ahí no era posible que a través de estos médicos se pudiera arrojar un porcentaje para la pensión entonces iban directamente a la Junta Regional de Calificación que era donde estaba el negocio”, indicó la Fiscalía. 

En todo esto estaba la participación de los funcionarios de la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar, por lo que se inició la investigación con interceptaciones de llamadas telefónicas a miembros de esta organización con particulares y abogados tramitadores evidenciando la manera cómo se negociaban las pensiones. 

Los aspirantes a ser pensionados previamente acudían al sector financiero y copaban su capacidad de endeudamiento al tiempo que iban también a las compañías de seguros y adquirían pólizas todo ello para que una vez alcanzado el estatus de jubilado por invalidez, las obligaciones bancarias contraídas fueran asumidas por el sector financiero y asegurador del país. 

Por este caso más de 40 personas han sido capturadas, entre extrabajadores mineros, exintegrantes de la Junta Calificadora, tramitadores y hasta funcionarios judiciales. Las primeras seis condenas por el ‘cartel de las pensiones’ se produjeron en 2018.  

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