Juez deja en firme prohibición de oraciones en Concejo de Cartagena
Un juzgado administrativo de la capital de Bolívar ratificó el fallo del juez Alejandro Bonilla, quien en mayo del año pasado resolvió suspender el acto religioso en la corporación.
Tras una demanda de nulidad interpuesta por Miguel Ángel Garcés Villamil y Fernando Borda Castillo contra el Distrito de Cartagena, aduciendo la defensa de la libertad y neutralidad religiosa del Estado, el Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral del Circuito de esta capital ratificó la suspensión de la oración o plegaria antes del inicio de las sesiones del Concejo, actos realizados por la Alcaldía, y diferentes escenarios públicos.
La sentencia, proferida el 21 de marzo, confirmó el fallo en primera instancia del juez Primero Administrativo Oral, Alejandro Bonilla Aldana, quien en mayo del año pasado, resolvió suspender la oración religiosa.
En su momento, el togado tumbó el artículo primero del Acuerdo 005 del 2007 en el que se establece la práctica de la oración y se impone, antes de este acto, que las personas se den un “abrazo fraterno” al “inicio de las actividades diarias”, tantos en oficinas públicas, como privadas, incluyendo centros comerciales y estaciones de Policía, entre otras.
El juez determinó en su momento que “la costumbre de la oración no puede tenerse como elemento cultural generalizado”. Y que las autoridades locales de carácter civil no pueden imponer el ejercicio de la oración de manera obligatoria, “desconociendo la libertad de creencias en Dios”.
La acción
En su demanda contra el Distrito, Miguel Ángel Garcés y Fernando Borda solicitaron que se declarara la nulidad de los preceptos del acuerdo 005 de 2007 del Concejo Distrital de Cartagena que, entre otros aspectos, consigna “establézcase como orientación fundamental para la recuperación de los principios religiosos en la ciudad de Cartagena, la práctica de la oración, el abrazo fraterno, al inicio de todas las actividades diarias en las entidades del gobierno local, empresas públicas y privadas, instituciones educativas, comandos y estaciones de Policía, batallones militares, asambleas (…)”.
Garcés y Borda consideraron que, con la plegaria religiosa, se vulneraban los artículos 1, 7, 15, 16, 18, 19 y 68 de la Constitución Política, que consagran entre otros “los derechos a la libertad religiosa, la diversidad étnica y cultural de la Nación”.
Frente a la solicitud de los demandantes, la jueza Beatriz Elena Vergara García ratificó que “resulta claro que la expedición de un acto de carácter general en donde se pretende instaurar la costumbre de oración, no puede ser un asunto de Estado, en este caso representado por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, pues ello quebranta los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado”.
Agrega el nuevo fallo que, en tales circunstancias, “implica una extralimitación en el ejercicio de sus funciones (del Concejo), en tanto interfiere con las creencias individuales, íntimas y particulares de las personas”.
Ratifica el despacho que “Concejo Distrital incurrió en una de las conductas que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional condensados en la sentencia C-817 de 2011, están prohibidas al Estado en materia religiosa, puntualmente la de (…) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa (…)”.
Reacciones en el Concejo
El cabildante César Pión dijo al ser consultado por EL HERALDO dijo que, pese a la media, continuará con la oración de forma personal.
“La oración es importante. Yo creería que uno tiene que continuar con la oración. Y, si la norma no lo permite, de todas formas hacerlo en silencio antes de sentarse en cada puesto de trabajo”, dijo Pión.
El concejal Antonio Salim Guerra, confeso cristiano evangélico, quien en 2015 ganó notable figuración luego haber propuesto el proyecto que pretendía prohibir el llamado 'baile plebe' en los colegios y barrios de Cartagena, dijo que la corporación edilicia debía “respetar” el fallo y propuso lo que cataloga un “minuto de reflexión”.
Rechazan petición de declarar persona no grata a Timochenko
Ante la solicitud del senador cartagenero del Centro Democrático Fernando Araújo Rumié, quien le hizo un llamado al Concejo Distrital para que el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, fuera declarado “persona no grata”, la corporación rechazó ayer la pretensión del congresista uribista.
La solicitud de Araújo se conoció el domingo, mientras el Gobierno Nacional y el Secretariado de las Farc sostenían un ‘cónclave’ en la sede de la Gobernación de Bolívar, donde ambas partes analizaron los aspectos que continúan pendientes tras la implementación del Acuerdo de Paz y pactaron algunos compromisos.
Además de la solicitud de Araújo, algunas personas salieron a las calles a protestar por la presencia del Secretariado de las Farc, y se tomaron, con banderas de Colombia, algunos puntos del Centro Histórico y otras zonas como la Avenida Santander, el domingo. Ante la petición del senador Araújo, el presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, respondió que en la corporación edilicia “estamos dispuestos a seguir realizando los sacrificios a que haya lugar en aras del interés supremo de la Nación”. Montero añadió que “más que declarar no gratas a unas personas, este Concejo exhorta a todas las personas a ser gratas, comprendiendo que es infinitamente mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta”. La posición del presidente del cabildo fue respaldada por el Concejo en pleno.
“Entendemos que los cartageneros aspiran a que nuestro ‘Corralito de Piedra’ siga haciendo honor a su título de Ciudad Heroica y a su tradición de defensora de la libertad y enemiga del absolutismo. Se nos impone respaldar con la mayor decisión la libertad que implica alcanzar la paz que nos fue esquiva por más de 50 años, y combatir la opresión de una guerra que le conviene apenas a una minoría que lucha con desespero por preservar sus privilegios”, dijo el presidente del Concejo.
