El Heraldo
Bolívar

Contraloría embarga cuentas del alcalde de Cartagena

El motivo del embargo obedece a presuntos pagos indebidos por 1.100 millones de pesos en gastos de representación en 2020.

La Contraloría Distrital de Cartagena embargó las cuentas del alcalde William Dau y de varios de los miembros de su gabinete  por supuestos pagos indebidos por $1.100 millones en gastos de representación durante el 2020.

“Decrétese medida cautelar, tomando el 100% de la cuantía del detrimento patrimonial, aumentado en un 50%, para el embargo de las cuentas bancarias, títulos de depósitos, títulos de contenido crediticio, y demás valores de los que sean titulares, beneficiarios o pertenecientes los presuntos responsables”, se lee en el documento.

En total son 44 los funcionarios y exfuncionarios afectados por la medida cautelar.

Caso Pagacaribe

Por otro lado, la Alcaldía Mayor de Cartagena informó que el Distrito, tras ser notificado de una nueva medida de embargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, esta vez por parte de PACARIBE S.A. ESP, a raíz de una deuda adquirida por concepto de subsidios desde la vigencia 2019, ha presentado una propuesta formal para alcanzar un acuerdo de pago con esta empresa, tal como se realizó con Veolia.

La empresa PACARIBE S.A. ESP. lleva este proceso a través del mismo apoderado que en el caso anterior, y cuya medida de embargo ha sido decretada también por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena. En ese sentido, el Distrito ha dispuesto el mismo canal de comunicación para llegar al acuerdo de pago con PACARIBE S.A. ESP.

Tras recibir la propuesta, la empresa en cuestión solicitó unos días para poder analizarlo con su junta. Por lo anterior, el Distrito se encuentra a la espera de alcanzar dicho acuerdo de pago para así pedir, de común acuerdo y una vez se logren zanjar las diferencias, la suspensión del proceso.

“Es pertinente precisar que parte de la deuda que se tiene con la empresa PACARIBE S.A. ESP. data del año 2019. De igual forma, la generada en el año 2020 se causó debido a unas inconsistencias observadas por la administración en la facturación presentada en ese año, las cuales fueron glosadas oportunamente, en dicho momento siendo superadas solo hasta el 28 de diciembre. Dicho proceso de revisión y verificación se hizo con la participación, colaboración y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos e incluso del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”, informó el Distrito. 

Acorde a lo anterior, el Distrito asegura que se encuentra en esta vigencia gestionando la consecución de esos recursos para cubrir las necesidades causadas en estos períodos. 

Finalmente, en caso de que no se llegue a un acuerdo con la empresa, el “Distrito hará uso de las herramientas procesales, jurídicas, constitucionales y legales a disposición, para garantizar la efectiva defensa del derecho que le asiste en estos casos”. 

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