Preocupados y llenos de incertidumbre se encuentran las familias residentes de los conjuntos Colinas Campestre 1 y 2, en Barranquilla, tras el reciente fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordena evacuar las 27 torres y en igual medida reubicar a las personas propietarias de dichos inmuebles ante el riesgo que representa su permanencia por las fallas estructurales de las edificaciones.
Si bien resaltaron la victoria que se obtuvo mediante la sentencia, porque ampara sus derechos, manifestaron que “no hay certeza” de que la Alcaldía de Barranquilla –ente territorial llamado a responder en este tema– cumpla con las garantías propias de la decisión judicial.
“Es la primera vez que teniendo un fallo favorable, las condiciones en las que este se va a hacer efectivo resulta bastante traumático. La sentencia es clara en el sentido que ordena que salgamos y se produzca la implosión de las torres, pero no es certera en el hecho de si nos van a cumplir las garantías realmente”, refirió Ever Ferreira, administrador de Colina Campestre 1 y propietario de apartamento.
(Le puede interesar: Conmemoran el Día internacional de la mujer afrocaribeña en Soledad)
Sostuvo que un gran número de personas no tienen muchas expectativas frente al pago de arriendos que se debería efectuar mientras se construyen las soluciones de vivienda, debido a que es una medida –según afirmó– que podría “flaquear” en cualquier momento.
“No tienen muchas expectativas con ese tema, preferimos que nos ofrecieran un precio justo y razonable por nuestros apartamentos y que nosotros decidiéramos a dónde ir con ese dinero, porque es que estamos partiendo de un supuesto que puede nunca llevarse a cabo; entonces, nos enredan la vida más de lo que la tenemos ahora”, argumentó.
Elizabeth Sandoval, quien es propietaria hace 25 años en Colina Campestre 1, coincidió con Ferreira en que es preocupante la situación. Indicó que si bien no se oponen a la evacuación porque son conscientes del riesgo, manifestó que esta debería hacerse con todas las garantías del caso y para ella es mejor que se les ofrezca un dinero por el apartamento y poder comprar en otro sitio “en iguales condiciones o superiores, pero nunca por debajo”.
“Pretenden que uno desocupe la vivienda, le dan un subsidio de arriendo, mirar para donde va uno a coger y en dos años entregarnos una vivienda. Eso no lo vamos a aceptar, nosotros queremos que llegado el momento nos compren los apartamentos en un valor justo que se derivará de acuerdo con el avalúo y otros factores, y ahí sí, podríamos desocupar”, anotó.
Antecedentes y el fallo
Este caso de Colina Campestre 1 y 2 tiene su génesis en el 2006 cuando es presentada una acción de popular por parte del abogado Roberto Tapia, en representación de las familias afectadas, en contra del Distrito de Barranquilla y Fonviconstrucciones & Cia Ltda, en liquidación, por los daños estructurales detectados en los edificios (fisuras, grietas y otros) y que se determinó posteriormente que el suelo era inestable para mantener las construcciones allí.
Las primeras medidas que se ejecutaron fue la evacuación del bloque 11 de Villa Campestre 1 y posteriormente, en cuatro años, los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 de Colina Campestre 2.
Contó el abogado que en el 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo falló y negó las pretensiones de la demanda con un argumento –según dijo– “equivocado” y se procedió a elevar el caso ante el Tribunal que, el 24 de julio de 2024, revocó la sentencia de primera instancia y ampara los derechos colectivos de los propietarios de Colina Campestre 1 y 2.
“La sentencia da 30 días a partir de la ejecutoria de la misma para que se haga un censo que determinará el número de apartamentos y las familias que allí habitan. Luego corren dos meses para que se hagan unos diseños de lo que va a ser la nueva construcción en un sitio diferente de iguales o mejores condiciones y además en ese tiempo empezar a evacuar a la gente y se paguen los arriendos correspondientes”, relató Tapia.
El jurista explicó que luego de esas medidas se procede con la demolición de 27 torres de Colina Campestre 1 y 2, en un término máximo de dos años para que la Alcaldía de Barranquilla contrate, diseñe y entregue los apartamentos a las personas evacuadas que son aproximadamente 400 propietarios, que al sumar su núcleo familiar serían un total de 1.600 personas.
“Es una decisión que parecería drástica, pero se tiene que necesariamente proteger la vida de las personas. Cuando la vida de las personas está en riesgo, simplemente es lo que se requiere en ese momento hacer”, anotó.
Frente a lo expuesto por los propietarios en el sentido de la propuesta de que se les compren sus apartamentos, el abogado sostuvo que es una posibilidad que no se ha tocado, pero que llegará el momento de ponerlo sobre la mesa para discutirlo y decidir lo mejor para las familias afectadas.
“El magistrado en la sentencia dice que tiene (el Distrito) que modificar el presupuesto anual 2024-2027 para que incluya obligatoriamente el valor que se destinará para la construcción de las soluciones de vivienda y el pago de los arriendos. Eso debe cumplirse sí o sí, porque es una orden del Tribunal”, apuntó Tapia, quien advirtió que este fallo no tiene apelación.
Sin respuestas
EL HERALDO se contactó con el alcalde Ad hoc designado para este tema, Julian Rivera, para conocer las medidas y planes de la administración distrital para resolver y dar cumplimiento al fallo, pero no se obtuvo respuesta alguna.
