La vieja ‘herencia’ que desató un lío en Instrumentos Públicos

Un error de escritura cometido en los años 40, en el siglo pasado, es el origen de todo un rollo en torno a los poseedores de un extenso terreno que está frente al corredor Universitario, en la vía entre Barranquilla y Puerto Colombia. Podría decirse que ese viejo error hoy también tiene por fuera de su cargo al registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad, Rafael Pérez Herazo, luego de tratar de enmendarlo a través de una diligencia llevada a cabo en su despacho.

El registrador fue notificado el pasado lunes 31 de enero de la suspensión por tres meses en el ejercicio de sus funciones, con relación a una investigación que viene ‘caminando’ desde 2017.

Dicha vigilancia, desarrollada por la Oficina de Control Interno de la Supernotariado, se basó en la denuncia de una persona que señala al registrador de haber tomado la supuesta decisión sobre una 'cosa juzgada', que, en específico, fue la modificación de la Resolución 261 del 27 de abril de 2009 de la Superintendencia de Notariado y Registro, en la que se concluía que un predio tenía el área descrita (95 hectáreas), y Pérez adelantó una actuación en la que 'afectó el área disminuyéndolo a 5 hectáreas'.

Pero, ante eso, el propio Pérez Herazo esta semana se defendió. Lleva 14 años al frente de la jefatura de esa entidad y se conoce, según él, al 'pie de la letra' el caso por el que lo suspenden. Además, recordó que la misma Superintendencia, años atrás, le dio órdenes para que actuara en torno a la resolución 261 —la cual se hizo sin un informe del Instituto Agustín Codazzi—, y que reversara la decisión que calculaba un predio inexistente en 95 hectáreas.

Añadió que lo que la Superintendencia de Notariado ha tratado de dar a interpretar en los comunicados públicos está fuera de contexto, pues 'a mí no se me investiga por haber pasado un predio de 95 a 5 hectáreas, eso es mentira'.

De acuerdo con Pérez, la investigación que se adelanta es porque en una actuación administrativa adelantada por él, a solicitud de la misma superintendencia de Notariado y Registro, 'yo tomé la determinación de corregir unos folios de matrícula inmobiliaria, en este caso el folio de mayor extensión. Yo tomé la determinación de corregirlo basado en la Ley 1579 de 2012 que es el actual estatuto de registro. Esa actuación que decidí, que fue recurrida en primera instancia y yo confirmé, pasó a segunda instancia ante la misma Superintendencia… ¿Cuál es el deber de la segunda instancia?, revisar y determinar que si yo me equivoqué, corrijan y digan le revocamos su decisión porque usted se equivocó o, por el contrario, si está ajustado a derecho, confirmar', explicó.

Aparte, señaló que 'la propia dependencia especializada de la Superintendencia en Bogotá, la unidad delegada de tierras, hizo un estudio y determinó que había una cantidad de irregularidades en esa Resolución de 2009 y que yo tenía que empezar la actuación administrativa para corregirla. Y yo lo hice'.

Para entender todo este enredo hay que remontarse al siglo pasado, en 1948, cuando los herederos de un hombre adelantaron una sucesión ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla.

En esa sucesión, que se protocolizó mediante escritura pública No. 2960 de la Notaría Segunda—tal y como reposa en folios—, hubo un 'terreno rural situado en la banda sur de la carretera que conduce de Barranquilla a Puerto Colombia, ubicado en el municipio de Barranquilla o jurisdicción de esta (…), este terreno tiene un área total de 5 hectáreas 4812 metros con 25 centímetros y fue adquirido por el causante'.

En el trámite, cuando se escribió la sección IV de las adjudicaciones, la 'hijuela' de uno de los tres herederos se registró en números, más no en letras, que el bien tenía 'un área total de 95 hectáreas 4812 metros cuadrados con 25 centímetros'. Sin embargo, aquel error no se corrigió de inmediato.

Reza en los documentos que el mismo día en que les adjudicaron los predios a los tres herederos estos los vendieron a un cliente, y este, a su vez, se los vendió a otro. Claro está, para las partes, siempre fueron cinco hectáreas las negociadas.

En 1989, según conoció este medio, otros descendientes del finado, sintiéndose con derechos sobre el mismo terreno que este les había dejado a sus primeros herederos, solicitaron ante la Oficina de Instrumentos Públicos la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria, el No. 040-210789, para incluir las otra 90 hectáreas que 'faltaban vincular', basándose en que así estaba consignado en la sentencia del Juzgado Tercero Civil, cuando en 1948 uno de los tres primeros herederos recibió como error en la descripción de su hijuela un número de más, en este caso aquel 9. Así las cosas, en la matrícula No. 040-210789 de Instrumentos Públicos, se consignó nuevamente, 41 años después, que el predio 'tenía un área total de 95 hectáreas 4812 metros con 25 centímetros'.

Con base en ese documento de Instrumentos Públicos de 1989, años más tarde, se abrieron tres nuevos procesos de sucesión. Estos escalaron hasta el Juzgado Quinto de familia del Circuito de Barranquilla que, en 2014, supuestamente, falló a favor de los 'nuevos herederos', otorgándoles las mismas hectáreas negociadas por sus antecesores y otras más colindantes con esos terrenos, todas adquiridas legalmente y en manos de otros dueños.

Incluso, hasta la Corte Constitucional ha intervenido, dejando claro la participación de los propietarios legales de los terrenos en los procesos, pues en muchas ocasiones han tratado de excluirlos.

Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de Camacol Atlántico, rechazó la decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro de apartar del cargo al registrador Rafael Pérez Herazo y, al igual que el funcionario, reconoció que se trata de un caso que fue fallado en Barranquilla y ratificado en Bogotá, en la propia Superintendencia.

'Es falso que estas personas sean los propietarios de eso (terrenos de 95 hectáreas) porque eso fue propiedad del Ejército Nacional, entró en una licitación y lo compraron', recordó Segebre.