La Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora) será la encargada de recaudar y administrar los recursos de la contribución por valorización que se cobrará a los predios ubicados en la zona de influencia proyecto vial Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
Dicha designación quedó establecida a través del Decreto 0267 del 5 de marzo del presente año expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se adelantan modificaciones al Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP).
Dicho documento, de acuerdo con la información confirmada por EL HERALDO, se constituye en el soporte jurídico para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público esté adelantando un contrato fiduciario con la Fiduprevisora para la administración de los recursos.
En dicho contrato debe establecerse las obligaciones de las partes, la remuneración, la duración, el mecanismo de rendición de cuentas y contabilidad, así como las obligaciones de confidencialidad, las sanciones contractuales y los mecanismos para la solución de controversias.
Entre las condiciones establecidas para suscribir el contrato se encuentra que “los costos asociados a la administración del fondo deberán ser competitivos y ajustados a los precios de mercado”.
El decreto establece que todos los actos y contratos que se suscriban para el cumplimiento del objeto del fondo se regirán por las normas del derecho privado, aunque “observando los principios que rigen la función administrativa”.
Esto significa que para su funcionamiento se debe tener presente el “deber de selección objetiva y pluralidad de oferentes, cuando sea aplicable”. Asimismo, los recursos recaudados se encuentran sujetos a control fiscal, penal y disciplinario.
A través del mencionado decreto también se establece que los recursos del FIP permitirán cubrir los costos correspondientes a los estudios técnicos, financieros y jurídicos, entre otros, que sean requeridos para las proyecciones del recaudo de valorización.
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Es de anotar que el Estado se encuentra autorizado para utilizar dichos recursos como fuente de pago para el desarrollo de proyectos de infraestructura, así como recomprar los derechos económicos de concesiones o contratos de asociaciones público privadas con destino a financiar proyectos de infraestructura en el país.
Por medio del fondo, además, se pueden cubrir de estructuración de las operaciones de crédito público, de financiamiento interno o externo y de tesorería que se desarrollen en cumplimiento de los objetos fijados en el reglamento.
El impacto del cobro
La decisión del Gobierno nacional de poner en marcha este piloto para el cobro de valorización fue tomada con el fin de recuperar parte de la inversión que se hace en proyectos viales.
“Tenemos información catastral de cómo se están transando los predios en la zona y eso en la práctica genera una concentración de riqueza y de beneficios del Estado que tiene que redistribuirse para otras zonas del país”, aseguró el ministro William Camargo a EL HERALDO en febrero de este año.
El área de influencia para el cobro se definió a partir del beneficio producido por la obra en predios ubicados en Cartagena de Indias y Santa Catalina, en jurisdicción del departamento de Bolívar, mientras que en Atlántico cobija a Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo.
Además, el Gobierno nacional definió que el monto distribuible de la contribución asciende a $721 mil millones (a precios de 2022).
Desde los gremios de Atlántico y Bolívar se han hecho varios llamados al Gobierno nacional para que dichos recursos se constituyan en una fuente para financiar la construcción y mantenimiento en doble calzada del tramo de 60 kilómetros que no está incluido en la concesión Ruta Costera.
Control político en el Senado
Para este miércoles se encuentra citado un debate de control político en la Comisión Cuarta del Senado con relación a los proyectos de infraestructura en el Caribe colombiano.
A dicha sesión han sido citados el ministro de Transporte, William Camargo; la directora de Invías, María Constanza García, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Francisco Ospina.
En el debate habrá especial énfasis al “impacto negativo” por el anuncio de cobro de valorización en la vía Cartagena – Barranquilla, así como el futuro de la concesión vial Autopistas del Caribe.
El debate ha sido citado por los senadores Carlos Meisel, Paulino Riascos, Laura Fortich, Aida Avella y Enrique Cabrales.
