“El jarillón de Salamina no está siendo construido con el material adecuado”
En diálogo con EL HERALDO, la funcionaria tocó espinosos temas como la erosión por cuenta del río Magdalena, la situación de dragado del canal de acceso y el robo de tierras en el Atlántico.
Impresionar a la procuradora General de la Nación, la abogada barranquillera Margarita Cabello Blanco, no es cosa sencilla. Su amplia experiencia de más de 30 años en el sector justicia le ha servido para conocer de primera mano el inenarrable compendio de delitos cometidos a diario en el país. Sin embargo, lo que escuchó el pasado jueves durante la audiencia pública sobre despojo de tierras en Atlántico la dejó perpleja.
“Me ha sorprendido la cantidad de quejas de invasión de tierras o de afectación a la titularidad hacia las personas propietarias en los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo, Galapa y Tubará, además de Barranquilla. Es impresionante porque la gente dice que ya están coaptados todos los terrenos que hay en esos territorios”, aseguró en entrevista con EL HERALDO.
Su diagnóstico inicial tras recibir quejas, denuncias y todo tipo de reclamos de los propios afectados revela el alarmante alcance de estos hechos.
“Hay un problema grave de tierras en el departamento y en los municipios, donde hay superposición de títulos, invasiones por grupos organizados de personas en diferentes lugares de los municipios y un problema de institucionalidad”.
Y precisó el contenido de algunas de esas quejas: “Encontramos que la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos no funciona, que hay escrituras públicas falsas y que los alcaldes de algunos municipios y los inspectores de policía hacen amparos policivos sin la debida diligencia y legalidad; es decir, en los municipios cercanos al área metropolitana hay una queja permanente de que muchísimas tierras –sean públicas o de propiedad privada– están siendo invadidas y tomadas por personas y grupos que no son los propios titulares”.
¿Es un tema de corrupción?
Sí, he llegado a la conclusión de que es un tema de corrupción, espero que sea de algunos y no de las instituciones del Estado que tienen que ver con la titularidad y la propiedad o posesión de las tierras.
¿Hay denuncias alrededor de inspectores de policía hasta alcaldes y autoridades?
Sí, incluyendo notarios, funcionarios judiciales, oficina de instrumentos públicos, inspectores de policía y algunos miembros seguramente de la Policía.
¿Qué va a hacer al respecto procuradora?
Luego de escuchar las quejas en la audiencia, acompañada del alcalde Jaime Pumarejo, la gobernadora Elsa Noguera, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, del sector justicia y representantes de las instituciones a nivel departamental y municipal, llevo esa información a las entidades de orden nacional, a la Fiscalía General y a la Superintendencia de Notariado y Registro.
La idea es sentarnos en una mesa con todas las instituciones relacionadas con este problema: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las notarías, la Fiscalía, la Rama Judicial, la Procuraduría General, alcaldes, Policía, Defensoría del Pueblo, gremios y población civil.
Nos toca trabajar articuladamente para que todas estas entidades conversen y podamos trabajar en resolver el problema de fondo, evitando que esto siga ocurriendo. Hay que eliminar la corrupción de estas instituciones.
“En Salamina no se está trabajando con la rapidez que se necesita”.
El riesgo que afronta Salamina por la erosión del río Magdalena es también motivo de un seguimiento preventivo, de carácter permanente, por parte del Ministerio Público.
Frente a lo que allí ocurre, la procuradora Margarita Cabello habla con especial firmeza. “Estamos ya con el operador disciplinario, también por estar cercanos a dejar que se presente la urgencia manifiesta y se tenga que salir a buscar dineros por no hacer la planeación debida para evitar lo que ya sabíamos que iba a venir: las lluvias y los temas climáticos de nuestro país. Nosotros le veníamos anunciando desde antes la situación a las entidades que tienen que ver con esto, Unidad del Riesgo, Cormagdalena, la Gobernación del Magdalena y el alcalde del Piñón. Les dijimos que se prepararan porque vendrían las lluvias y, por lo tanto, había que tener los dineros dispuestos y los trabajos había que hacerlos con anticipación. Y no se hizo”.
E insiste: “Advertimos a la Unidad de Gestión del Riesgo que las obras contratadas para mitigar ese fenómeno de la erosión del río Magdalena, a la altura de Salamina y El Piñón, están originando unos daños que podían haberse previsto. Les estamos previniendo porque consideramos que la Unidad de Gestión del Riesgo no está trabajando con la rapidez que se necesita, va muy despacio en ese manejo; no están avanzando lo suficiente, con el ritmo adecuado, para evitar la subida del río Magdalena.
La Procuraduría dice estar a la espera de una serie de requerimientos solicitados el pasado 9 de noviembre a Cormagdalena, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGDR), al gobernador del Magdalena, al alcalde de Salamina y al alcalde de El Piñón, “para que hagan las construcciones adecuadas y con los materiales adecuados”.
“El jarillón no está siendo construido con el material adecuado técnicamente, lo que no va a ayudar. Hay que agilizar los trabajos para evitar la destrucción y la erosión de todo el puerto”, aseveró Cabello Blanco, quien también señaló que ha pedido, en diversas oportunidades, que les presenten los “diseños técnicos, en donde estén consideradas las especificaciones respectivas de anclajes, la longitud de separación y la cantidad entre los espigones, el ángulo de los mismos”, para “estudiar el caso y determinar si se garantiza una verdadera protección de la orilla”.
La procuradora general le confirmó a EL HERALDO que citó a los funcionarios señalados a una mesa de trabajo el próximo 17 de noviembre, en las oficinas de Cormagdalena, para “verificar cómo está funcionando esa construcción, cómo están gastándose esos $31 mil millones que se le entregaron para mejorar los problemas y ver si de esa manera actúan diligentemente las entidades que tienen relación directa con el problema de la elevación del nivel del río en ese sector”.
“Se está abusando de la urgencia manifiesta en el tema del dragado del río”
El despojo de tierras en el Atlántico no es lo único que inquieta a la procuradora general. Las reiteradas dificultades en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla se han convertido en una preocupación permanente durante este 2021, año especialmente complejo para el corredor navegable.
“Nosotros iniciamos lo que llamamos una actuación preventiva respecto a la problemática de sedimentación en el área de ingreso al canal de acceso al puerto de Barranquilla. Sabemos que se encuentra en ejecución un contrato de mantenimiento que inicialmente fue por $15 mil millones y luego le hicieron una adición de $14 mil millones. Estamos hablando de $29 mil millones y todavía no se soluciona el problema”, señaló.
Incluso fue más allá. “Se adelanta ahora una convocatoria pública por $49 mil millones para el mantenimiento que garantice el dragado por este año y por el año entrante hasta el 31 de julio de 2022. Y ahí viene lo que me preocupa, hasta agotar el volumen de dragado. Si el volumen de dragado se agota antes del 31 de julio de 2022, va a haber entonces otra convocatoria y más dinero para solucionar el problema sin que esté todavía la APP que se está pensando a través de una licitación pública”, aseveró en su diálogo con EL HERALDO.
En este sentido, la procuradora general lanzó un mensaje para que quede lo suficientemente claro en Barranquilla. “Estamos muy atentos y pretendemos que se haga la licitación en los tiempos debidos para evitar que a 22 de julio, incluso antes si es posible, esté esa licitación cumplida y no se vaya a declarar desierta porque volvemos con el problema de que habría que urgentemente buscar más dinero, y seguimos permanentemente como el cuento del gallo capón que vuelve y se repite, que entonces la sedimentación continúa y hay que traer más dinero para poder hacer los dragados y lograr la limpieza y el mantenimiento del canal de acceso”.
Sobre lo que le preocupa de la urgencia manifiesta, dijo que “se está abusando de la figura”.
“Es necesario que haya la planeación correspondiente que debe existir en cualquier entidad para que se logre la licitación a tiempo y debidamente trabajada de la APP para que por fin, si así lo logramos, se acaben las permanentes convocatorias y urgencias manifiestas para lograr los dineros para ellas, y que de una vez se solucione la navegabilidad del río Magdalena a través de la asociación público-privada, que es el objeto de la licitación.
¿Cómo percibe las propuestas electorales para eliminar la Procuraduría y otros entes de control?
r Solamente diría que hay que ser serios y muy cuidadosos en lo que se dice en las campañas políticas. Utilizar la eliminación de una institución como motivo de propaganda electoral no debe ser lo ético ni lo válido.
Si una institución existe –y esta tiene 200 años– es porque se necesita en el país, porque está cumpliendo su función. Me parece que esas propuestas obedecen más bien a desconocimiento sobre la función de la Procuraduría General de la Nación.
Yo diría que no se pongan a utilizar como campaña política la eliminación de instituciones, porque las funciones que tendría que hacer esa institución habría que trasladarlas a otras y lo que harían es simplemente pasar los gastos y los funcionarios y no operaría de la misma manera. Hoy en esta procuraduría estamos defendiendo a cabalidad la transversalización de género y la protección de los derechos a la igualdad de todos los grupos minoritarios.
Esta es una procuraduría que está atendiendo las necesidades, atenta a todas las problemáticas de corrupción y de falta de transparencia.
–Elevando el tono, Cabello cuestionó a los candidatos presidenciales– “¿Qué sería de este país sin la Procuraduría? Es la gran pregunta que les hago yo. ¿A quién le van a dar nuestras funciones? ¡A la Fiscalía, que está recargada de funciones (…)? ¿A la rama judicial? ¿A quién le van a dar las funciones de la Procuraduría?.
Con sus tres misionalidades: Intervención, actuamos en defensa de la sociedad y la ciudadanía en todos los procesos judiciales. Prevención a través de formación y actuamos en la sanción. Eso nos lo impuso la Constituyente por los grandes problemas de corrupción que había en el país.
¿A propósito de sus funciones, ya hay fecha para tomar decisiones en el caso de Centros Poblados?
Estamos ya ad portas, en etapa de abrir a juicio mediante un proceso oral, que nos va a garantizar que sea mucho más rápido que un proceso escrito. Recuerden que el juicio oral implica la práctica de pruebas y luego ya la toma de la decisión correspondiente, que puede ser más rápido si lo hacemos así de forma oral.
Lo que viene tras poner la casa en orden.
¿Cómo se ha sentido durante esta etapa en la Procuraduría?
Al principio fue duro porque encontré una Procuraduría a la que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le quitó la función esencial que le entregó la Constituyente y la Carta Política del 91, como era la posibilidad de sancionar, suspender e inhabilitar a funcionarios de elección popular y que nos las entregaron por la situación de corrupción que había en el país y que ha sido ratificada por la OEA y las convenciones anticorrupción. Me tocó entonces revisar todo lo de prescripciones y hacer un cambio de Código Disciplinario para adecuarnos a lo que nos ordenó la Corte IDH.
Nos ha tocado reorganizar internamente la Procuraduría porque ya hay funcionarios de instrucción y funcionarios de juzgamiento, que son distintos; trabajar duro en movimiento de procesos para entregárselos a quien hoy en día le corresponden las competencias, y estamos esperando Función Pública para que nos diga qué número de funcionarios y de empleados más necesitamos para cumplir con la sentencia.
Además del plan de descongestión, nos tocó trabajar arduamente en la vacunación y en el paro. Ahora con la nueva ley, a partir de julio, empezamos a mostrar ya lo que es la Procuraduría, a producir y a dictar muchas medidas. Así que luego de poner la casa en orden, a la manera como yo considero que debe estar, ahora sí estamos trabajando para mostrarnos como un ente de control, para que nuestros funcionarios de elección popular –que estaban muy tranquilos con la sentencia de la Corte IDH– entiendan que se les vigila y apoya para que cumplan con su función y eviten cometer infracciones de carácter disciplinario.
Vacunacion y plan de alimentacion escolar (PAE)
La Procuradora Margarita Cabello le dijo a EL HERALDO que en Magdalena 137 mil niños no han recibido desde agosto el Plan de Alimentación Escolar. Por lo que interpusieron una tutela para conseguir que se le diera cumplimiento al programa. En Córdoba y Montería también se registraron problemas, pero tras la intervención del Ministerio Público se logró normalizar su funcionamiento.
En Barranquilla se abrió una indagación preliminar por denuncias en la calidad de la alimentación debido a unas entregas de alimentos, aparentemente, en estado de descomposición.
En materia de vacunación, Cabello destacó el avance del Atlántico y precisó que en Magdalena debieron formular requerimientos. Además, dijo que hay 17 procesos activos de investigación y de indagación en ese departamento por casos de personas que se vacunaron saltándose la priorización, problemas en la atención y distribución de las vacunas y en la organización y cumplimiento de las órdenes que se daban para vacunar, por las edades. “Hubo unos desafueros, y por eso están abiertas las investigaciones”, aclaró.
También se refirió a las actuales circunstancias en el proceso de inmunización. “Hoy estamos encima del pago de los vacunadores. Hicimos una reunión con el ministro de Salud y del viceministro y estuvieron de acuerdo con ayudar a agilizar la fórmula de presentación de las facturas vía electrónica y la forma de pagar, de lo cual estaban quejándose los vacunadores. No les estaban pagando y eso era peligroso”, concluyó.
“Funcionarios públicos no deben utilizar su autoridad en causas políticas”
Metidos de lleno en los procesos electorales de Congreso y Presidencia de la República, la Procuraduría, a través de su cabeza, reitera el llamado a los servidores oficiales.
“Le hemos insistido a los alcaldes, gobernadores y a los funcionarios públicos que no deben utilizar su autoridad al servicio de causas políticas, que no pueden utilizar a sus subalternos para que apoyen alguna candidatura y, sobre todo, que no utilicen los elementos de trabajo para ayudar en alguna campaña. Además, les hemos explicado cuáles son los actos que los podrían llevar a participar en política, lo cual les podría generar una sanción que les origine hasta la destitución del cargo”.
A renglón seguido, anticipó una nueva orientación. “A través de una directiva, la 016 de 2021, se les han ofrecido recomendaciones para que aclaren sus dudas sobre la participación política, como que no pueden participar en actos que tengan incidencia en las campañas políticas, ni en los programas de los partidos políticos. Pronto sacaremos una nueva directiva relacionada con la propaganda política. Los mandatarios tienen que regular su manejo en las regiones”.
