Un nuevo choque de trenes se podría generar en el interior del Gobierno nacional debido a la intransigente posición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de exigir licencia ambiental para el desarrollo de las obras en el canal del Dique.
La situación ha generado descontento y preocupación entre las autoridades del Atlántico, Bolívar y Sucre debido a los posibles retrasos que tendría el proyecto, que se ha planteado como una respuesta a la necesidad histórica de esta zona con relación al control de inundaciones y la recuperación ambiental.
En medio de la polémica, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aseguró a EL HERALDO que los actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para aprobar el instrumento ambiental se encuentran amparados por la 'presunción de legalidad' y que –hasta el momento– no se ha declarado su nulidad.
'En consecuencia, el proyecto cuenta con un instrumento de manejo y control ambiental denominado Plan de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', sostuvo la entidad.
La ANI indicó que en el 'eventual caso' que se requiera el proceso de licenciamiento ambiental, en un escenario conservador, la fase de preconstrucción tomaría cerca de 30 meses. Es decir, 12 más de los proyectados inicialmente.
En ese sentido, expuso que el tiempo se encuentra sujeto a situaciones tales como la revocatoria de la resolución que aprobó el instrumento ambiental y que se ratifique la decisión de establecer la necesidad de una licencia ambiental.
Sobre esta última, la ANI aseguró que 'se guarda el derecho de presentar recurso de reposición en coherencia con el principio de legítima confianza con el que llevó a cabo el proceso de estructuración del Contrato de Concesión 005 de 2022'.
Otras de las consideraciones que se deben tener en dicho proceso sería el tiempo para la elaboración del estudio de impacto ambiental por parte del concesionario y el posterior trámite ante la Anla.
A eso se suman los plazos para la realización de audiencia pública ambiental y la publicación de una eventual resolución de recurso sobre la decisión de la ANLA con respecto a la solicitud.
La ANI expuso que en dicha proyección no se cuentan los tiempos asociados a los procesos de consultas previas que se puedan derivar, por lo que dicha fase podría extenderse por un tiempo superior a 30 meses.
Es de anotar que, actualmente han transcurrido ocho meses del plazo inicial y en el término restante, que son 10 meses, se espera contar con todos los permisos necesarios para iniciar las actividades de construcción.
La entidad puso de presente que, en el marco del contrato de concesión, se estableció que los riesgos, sobrecostos y tiempos asociados a un eventual proceso de licenciamiento ambiental se encuentran a cargo de la Nación.
'La Anla aún no se ha pronunciado frente a la necesidad de un proceso de licenciamiento para el proyecto; en dicha eventualidad se activarán los mecanismos contractuales para el tratamiento del riesgo a cargo de la nación y avanzar en el desarrollo del proyecto', reiteró.
Lo que dice Minambiente
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó recientemente que hubo un acuerdo con los mandatarios de la región y se concertó que la licencia ambiental es el 'mejor mecanismo' para blindar el proceso. Agregó que restan cerca de 10 meses de la fase preoperativa, tiempo que debe ser usado por el contratista para la revisión de diseños, los estudios de la obra y el trámite de permisos correspondientes.
'La necesidad de la licencia ambiental se relaciona con la regulación del caudal y que se mueven los sedimentos que llegan a la bahía de Cartagena por medio de un caño que se llama Boca Cerrada y terminan en el departamento de Sucre', explicó la funcionaria.
Dicha afectación también se registraría en tres Parques Nacionales Naturales: el Santuario de Flora y Fauna del Corchal Mono Hernández, las Islas de San Bernardo y el Parque Nacional Corales del Rosario.
Muhamad puso de presente que los estudios hechos de forma previa sirven como base para el trámite de la licencia ambiental: 'La Anla va a sacar unos términos de referencia específicos para el proyecto'.
También indicó que se trabajará de forma conjunta con el contratista, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la Anla. En ese sentido, recalcó que desde el Gobierno nacional existe conciencia de la posibilidad de que se deba incrementar la inversión, teniendo en cuenta que los riesgos deben ser asumidos por el Estado
'Si hay que aumentar los costos, obviamente de forma controlada y concertada, hay que asumirlos. No podemos evadir los costos ambientales de los proyectos y después decir que no sabíamos que se iban a presentar problemas', expuso.
Además, indicó que 'cuando llegamos al Gobierno, este proyecto estaba estructurado y a punto de ser adjudicado. Hay una decisión política del Gobierno nacional que este tipo de macroproyectos no pueden generar más problemas de los que resuelven, deben generar un beneficio ambiental, social y económico de fondo para la región'.
Es de anotar que –en una reunión entre Minambiente y mandatarios del Caribe, realizada el pasado 7 de febrero en Cartagena– se indicó que hasta seis meses se tomaría la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para adelantar el proceso de revisión y aprobación de la licencia ambiental.
De acuerdo con lo anunciado en dicha reunión, esta semana se debería adelantar una nueva mesa técnica con el fin de definir el cronograma que permita avanzar en la estructuración de dicho requerimiento.
Peticiones de congresistas
El senador Mauricio Gómez indicó que el objetivo primordial de la obra debe ser garantizar la seguridad del ecosistema y la seguridad alimentaria en los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre. Por eso indicó que se deben evaluar los costos de generar un nuevo requisito como lo es una licencia ambiental.
'Este es un proyecto de restauración ambiental que busca recuperar el canal del Dique. Una licencia ambiental significa en estos momentos un retraso de las obras y un nuevo riesgo que asumimos', expuso.
Indicó que 'las decisiones que hoy está tomando el Gobierno tienen implicaciones en el futuro para estos departamentos, por lo que se debe ser extremadamente riguroso al tomarlas'.
Mientras que el senador Efraín Cepeda aseguró que es importante atender la solicitud para el trámite de la licencia ambiental por las posibles afectaciones que genere la obra, también es relevante que se cumpla con los cronogramas planteados.
'Lo ideal es que no se generen retrasos y sobrecostos en una obra necesaria para más de 1.5 millones de personas en su área de influencia', aseguró.
El congresista conservador también puso de presente que los estudios deben adelantarse con rapidez para así aprovechar los 11 meses que restan de la primera fase del proyecto: 'Es una obra para mitigar y eliminar problemas de inundaciones en 12 centros poblados y la sedimentación de la bahía de Cartagena; además tendrá impacto y mejoramiento de los ecosistemas degradados'.
Para el senador Pedro Flórez, es necesario que se adopten las medidas necesarias para prevenir impactos ambientales negativos y para la comunidad. Indicó que dicho plan debe ser construido con el objetivo de avanzar en acciones de mitigación, restauración y compensación.
'Aquí lo importante, es que se continúe ese trabajo articulado entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, en torno a ese diálogo constructivo para avanzar rápidamente en este fundamental proyecto que redundará en bienestar no solo para la región Caribe sino para el país, promoviendo el desarrollo y garantizando la preservación de los ecosistemas', agregó.
A su turno, Andrés Montes, representante a la Cámara por Bolívar, cuestionó la decisión del Ministerio de Ambiente de exigir el trámite de licencia ambiental para las obras en el canal del Dique.
'Lamentamos y nos preocupa profundamente que el avance del canal del Dique se vea retrasado por la exigencia de una licencia ambiental a estas alturas', expuso el congresista.
En ese sentido, expuso que 19 municipios esperan el desarrollo de este proyecto: 'Ahora estamos en manos de la agilidad del contratista para tramitar la licencia'.
Los planteamientos de las autoridades del Caribe colombiano
Para el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha sido crítico de la decisión del Ministerio de Ambiente de mantener la solicitud de licencia ambiental para este megaproyecto.
'No hubiéramos querido que la licencia se planteara como un requisito. La Anla está lista para determinar los términos de referencia y el contratista tiene que empezar a plantear un producto que sea de total satisfacción para el Ministerio y la Anla', dijo.
Mientras que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reconoció recientemente que: 'si no hay una licencia ambiental, el proyecto no tendría ninguna posibilidad de salir avante hacia el futuro. Esperamos podamos agilizar la licencia ambiental'.
