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El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, hizo una férrea defensa del sistema de salud y reiteró que busca garantizar la atención integral a todos los usuarios, así como la dignificación del derecho a la salud.

{"titulo":"Proponen habilitar un centro de vida en el antiguo Juan Domínguez Romero","enlace":"https://www.elheraldo.co/atlantico/gestion-social-en-atlantico-proponen-habilitar-un-centro-de-vida-en-el-antiguo-juan"}

'Desde la Superintendencia seguiremos aplicando y haciendo aplicar la normatividad vigente a todos sus vigilados, hasta que la dignidad y el respeto por el derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país', expuso el funcionario en medio de la audiencia pública de la Comisión Séptima en Barranquilla.

Indicó que es necesario que se les entreguen las facultades para el levantamiento del velo corporativo de las EPS, 'para que así no haya más robo de recursos dentro del sistema de salud por parte de personas que se lucran con esos recursos, no les pagan y quiebran a los prestadores públicos y privados que atienden sus usuarios y no permiten que esos recursos se inviertan en la salud de las personas'.

Puso de presente que la iniciativa se encuentra soportada, en la parte técnica, en la falta de recursos para el sistema debido a la deuda por cerca de $25 millones. Indicó que este panorama tiene relación con la no transferencia de recursos por parte de algunos actores del sistema a los prestadores de servicios.

{"titulo":"Extienden recomendaciones para prevenir incendios y emergencias en viviendas","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/fenomeno-de-el-nino-extienden-recomendaciones-para-prevenir-incendios-y-emergencias-en"}

'Los recursos siguen siendo públicos y como tal, sujetos al control fiscal. Por eso deben ser ejecutados de acuerdo con la función para la cual han sido destinados. Las EPS que actualmente están operando adeudan una cifra de 18 billones de pesos y las que se fueron por liquidación y las que están en procesos liquidatorios adeudan 7 billones de pesos', explicó.

Indicó, además, que la ciudadanía ha tenido que recurrir a la vía legal para gozar de este derecho fundamental: 'Nosotros estamos evidenciando una inconformidad del sistema a través de quienes son los dueños, que son los usuarios. Al cierre del pasado mes de enero, la Superintendencia Nacional de Salud ha documentado más de 2.1 millones de reclamos por parte de usuarios a través de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y súplicas de ayudas'.

En ese sentido, indicó que en el Atlántico se han contabilizado 87.127 casos de reclamos por atención indebida, negada o de mala calidad por parte de las EPS.

'Cuando la Superintendencia no actúa, las personas se mueren. Hay un común denominador en las personas que se quejan y manifiestan inconformidad: están afiliados a EPS de los regímenes contributivo y subsidiado', dijo.

Por último, expresó que 'la gente se queja que la Superintendencia no actúa con la contundencia que debería actuar. El arsenal normativo que tengo es el mismo que tenían los anteriores superintendentes. Pero en esta superintendencia hemos generado un aumento de la capacidad sancionatoria del 283 %. No hay actores intocables, todos los vigilados son sujetos a la aplicación de la norma'.

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