Las ciudades capitales del país han hecho un llamado al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte para que se abra un espacio de diálogo frente a la medida adoptada para la revocatoria de más de 5,8 millones de fotomultas debido a presuntas irregularidades en sistemas de fotodetección.
Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se indicó que en dicha instancia se debe revisar el alcance de esta medida, así como fundamentos y posibles impactos para las finanzas territoriales.
“Las ciudades deben ser escuchadas en una decisión que las afecta directamente. Una decisión de esta magnitud debe ser abordada con plena claridad jurídica, estricto respeto por el debido proceso y escuchando de manera directa a las ciudades y a sus autoridades de tránsito”, indicó la asociación a través de un comunicado de prensa.
Asimismo, indicó que las ciudades capitales son “actores centrales” en la gestión de la movilidad, la seguridad vial y la operación de estos sistemas. Por eso recalcó que “cualquier determinación que pueda generar efectos administrativos, fiscales y operativos sobre los territorios debe construirse con información completa, análisis técnico riguroso y diálogo institucional”.
Además, expuso que las herramientas de control vial cumplen un papel relevante en la prevención de siniestros y en la protección de la vida. Frente a ese panorama, respaldó la necesidad de que su funcionamiento se ajuste plenamente a la ley y a los estándares técnicos aplicables.
Detalles de la medida
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte evidenciaron posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.
En medio de este proceso se identificó que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
Adicionalmente, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, en Barranquilla se deberán revocar 125.332 fotomultas, de las 131.251 que fueron impuestas por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2018 y el 1 de enero de 2020.
En Galapa, por su parte, las autoridades de tránsito deberán regresar el recaudo correspondiente a 7.108 comparendos expedidos del 27 de febrero al 15 de septiembre de 2019. Cabe anotar que en dicho periodo se impusieron 7.108 fotomultas.
En el caso de Puerto Colombia, se reportó que 21.591 comparendos de un total de 29.617 –que se hicieron efectivos del 27 de febrero al 12 de agosto de 2019– deberán ser revocados, al tiempo que en Soledad se tendrá que dejar sin efecto a 15.758 fotomultas, de las 18.978 que se realizaron entre el 26 de marzo y el 9 de diciembre de 2019.
