La Gobernación del Atlántico lideró un Consejo de Seguridad con enfoque de género en el que se analizaron las dinámicas recientes de violencia contra la mujer y se definieron acciones y estrategias para su prevención y judicialización.
De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de abril de este año se han registrado 27 muertes violentas de mujeres en el departamento. Según el análisis institucional, la mayoría de estos casos responde a dinámicas del crimen organizado, particularmente bajo la modalidad de sicariato.
El secretario del Interior, José Antonio Luque, explicó que este análisis permite orientar respuestas más precisas.
“En articulación con todas las entidades de justicia y seguridad hemos revisado las cifras y los componentes de estos hechos. A partir de ello, estamos estructurando estrategias que incluyen el fortalecimiento de la Patrulla Púrpura, el trabajo con organizaciones sociales y el uso de herramientas tecnológicas para la prevención y el esclarecimiento de los casos”, afirmó.
Durante la jornada, las autoridades acordaron fortalecer la articulación institucional para enfrentar las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres.
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Entre las acciones planteadas se encuentra el fortalecimiento de las capacidades operativas del departamento, incluyendo la implementación de un sistema de videovigilancia con más de 400 cámaras con analítica de inteligencia artificial en 18 municipios, integradas al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), con el objetivo de mejorar la reacción y facilitar la judicialización de los responsables.
Por su parte, la secretaria de la Mujer, María Lourdes Dávila, señaló que el propósito es avanzar en la garantía de derechos.
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“Hoy analizamos los factores que contribuyen a las violencias contra las mujeres y las herramientas que estamos implementando para enfrentarlas. Nuestro propósito es que las mujeres del Atlántico vivan libres de violencia, fortaleciendo su autonomía económica, su participación y el acceso a oportunidades”, indicó.
Desde las organizaciones sociales, Claudia Llanos, representante de la Red de Mujeres, destacó la articulación institucional y la necesidad de avanzar en la reducción de la impunidad.
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“Se están generando compromisos importantes para fortalecer las herramientas institucionales, agilizar los procesos y garantizar atención y protección integral a las víctimas, evitando que los casos queden sin resolver”, manifestó.
El Consejo de Seguridad con enfoque de género concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación entre autoridades, Fuerza Pública y sociedad civil, con estrategias orientadas a la protección de las mujeres en el departamento.
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