Abraham Scoll González, representante de egresados ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad del Atlántico, denunció este viernes 30 de enero que por segunda vez consecutiva no se realizó la sesión del mismo, debido a la inasistencia de los representantes del Gobierno nacional y del Ministerio de Educación.
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Según Scoll la jornada estaba prevista para plantear el tema de la presunta inhabilidad que pesaría sobre el rector interventor Rafael Castillo, suspendido por cuatro meses por fallo de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación.
Scoll González señaló que “con profunda tristeza, tengo que decirles que en el día de hoy no pudimos llevar a cabo el Consejo Superior por segunda vez consecutiva debido a que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional no asistieron, no hubo quórum, no dan la cara”.
Señaló que “hoy se demostró que el señor Rafael Castillo es el interventor de la Universidad Atlántico y no cumple los requisitos porque está inhabilitado por la Procuraduría Nacional. Ya el Gobernador tiene conocimiento de esto, la sanción es vigente. Yo quiero hacer un llamado a todos los trabajadores, a los estudiantes, a los regresados, a los profesores que por favor nos unamos. De verdad es el momento de defender la Universidad del Atlántico”.
Señaló además que la Uniatlántico “no puede seguir siendo rehén de la improvisación, la falta de garantías institucionales y el desinterés del Gobierno Nacional en los espacios legítimos de decisión. La educación pública merece respeto, presencia y responsabilidad, no silencios administrativos ni sillas vacías en los escenarios donde se define su rumbo”.
Según lo informado por el consejero, los consejeros fueron convocados y acudieron puntualmente a las 9:30 a.m., demostrando compromiso con la institucionalidad.
Según lo expresado por Scoll, durante la mañana hubo discusiones entre Castillo y los consejeros Scoll y Angely Cordero (representante de estudiantes) sobre su legitimidad ante la sanción, su presunto incumplimiento y la falta de posesión oficial.
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“Durante el desarrollo del Consejo Superior, y al ser cuestionado por la sanción impuesta por la Procuraduría, Rafael Castillo Pacheco manifestó en pleno recinto que la responsabilidad de no haberse ejecutado oportunamente dicha sanción recaía en el exrector Danilo Hernández y en otros funcionarios de la institución, trasladando así la responsabilidad por el incumplimiento de una decisión del Ministerio Público”, apuntó Scoll en un pronunciamiento público.
