Un panorama incierto vuelve a rodear al proceso de restauración de los ecosistemas biodegradados del canal del Dique ante la decisión del Gobierno nacional de reducir los recursos asignados a este proyecto estratégico para el Caribe colombiano.
Leer también: Contraloría alerta posibles afectaciones fiscales por congelamiento de recursos para APP del Dique
La alerta fue lanzada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que indicó que la afectación para este proyecto corresponde a $636 mil millones.
“Más allá de su impacto inmediato, estos recortes no solo debilitan la planeación de largo plazo y la confianza, sino que desconocen el ordenamiento jurídico que regula la obligación del Gobierno de dotar de los recursos necesarios a estos proyectos”, explicó el gremio a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con la CCI, esta decisión se encuentra rodeada de posibles irregularidades debido a que el 29 de diciembre se expidió un decreto en el que se establece que las vigencias futuras solo podían modificarse si existía un acuerdo entre las partes.
“Dos días después, el Gobierno redujo de manera unilateral los recursos, pese a haber definido previamente que dichos ajustes requerían el consentimiento de los concesionarios”, anotó.
La CCI indicó que “esta actuación transgrede los lineamientos que el mismo Ejecutivo estableció, afecta la confianza en los contratos de infraestructura y puede generar riesgos legales y financieros para la nación”.
Para Héctor Carbonell, director de la CCI seccional Norte, la situación es compleja ante la falta de claridades por parte del Gobierno nacional.
“El anuncio del presidente Gustavo Petro de que si se cae la emergencia económica, el déficit fiscal sea atendido con recursos de destinación específica administrados por las fiducias y provenientes de las concesiones, sumado a la falta de claridad en el desembolso de las vigencias futuras, no solo genera un fuerte impacto en los avances de las obras, sino en la confianza jurídica y financiera que deben tener proyectos de infraestructura”, aseguró el líder gremial.
Carbonell anotó que los recortes a la APP del Dique debilitan la planeación a largo plazo y la confianza, al tiempo que “desconocen el ordenamiento jurídico que regula la obligación del Gobierno de dotar de los recursos necesarios para llevar a cabo estos proyectos”.
Importante: $10.693 millones para el Carnaval: alcalde Char anuncia inversión de estímulos culturales
Anotó que se están dando “malas señales” a los inversionistas, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, la confianza inversionista y la estabilidad de un modelo que ha sido esencial para cerrar brechas en infraestructura.
Desde la comunidad
Por su parte, Uriel Ávila, líder social del sur del Atlántico, aseguró que este panorama ha generado incertidumbre entre los habitantes de los municipios ubicados en la zona de influencia de esta hidrovía.
“Las comunidades del sur del Atlántico y del norte de Bolívar se encuentran profundamente preocupadas por los múltiples retrasos que ha tenido el proyecto del canal del Dique”, dijo.
Y recalcó que “el proyecto del canal del Dique no es un capricho. Primero, evita inundaciones; segundo, contribuye a la recuperación de un ecosistema gravemente afectado; y tercero, genera desarrollo para nuestra región, con más de 61 mil empleos directos e indirectos”.
Por último, hizo un llamado al Gobierno nacional para “que respete nuestros municipios, que no siga retirando los recursos destinados a prevenir inundaciones y que permita avanzar este proyecto”.
Cabe recordar que, antes de finalizar el 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció el desembolso de $74.120 millones para honrar una serie de compromisos financieros que se encontraban atrasados.
